El Gobierno de Tucumán formalizó la estructura administrativa del Registro Público Provincial de Ficha Limpia, una herramienta clave para la aplicación de la ley que impedirá acceder a cargos públicos a personas alcanzadas por determinadas incompatibilidades. El sistema tendrá su primera prueba en las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027.
La medida quedó establecida mediante el Decreto Acuerdo N° 31/1, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma aprobó el Manual de Organización del Registro, incorporó una nueva función dentro de la Secretaría de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales y creó una oficina específica en el ámbito de Fiscalía de Estado para coordinar el intercambio de información entre los organismos involucrados.
La puesta en marcha del Registro representa otro paso en la implementación de la Ley N° 9.977 de Ficha Limpia, sancionada este año por la Legislatura y reglamentada en junio por el Poder Ejecutivo.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno explicó que resultaba necesario establecer «una estructura funcional clara» para el organismo, definir las responsabilidades de cada área y fijar procedimientos para la carga, consulta y protección de la información. También señaló la necesidad de garantizar los derechos de las personas alcanzadas por el sistema y ordenar el intercambio de datos entre los distintos organismos públicos.
Las funciones del Registro
El Manual de Organización establece que el Registro tendrá como misión «administrar, actualizar y resguardar la información correspondiente al Registro Público Provincial de Ficha Limpia», conforme a la legislación vigente.
Entre sus principales responsabilidades figuran la supervisión del funcionamiento del sistema, la actualización permanente de la base de datos junto con Fiscalía de Estado, el Poder Judicial y otros organismos competentes, además de la emisión de certificaciones, informes y constancias.
El organismo también deberá asegurar la integridad, la trazabilidad, la publicidad y el resguardo de la información, además de impulsar mecanismos de cooperación con otras reparticiones del Estado.
La nueva estructura contempla la creación de un Departamento de Actualización Registral, que tendrá a su cargo la administración de la base de datos, los sistemas informáticos, la elaboración de certificaciones y la publicación de la información de acceso público, con respeto por las normas de transparencia y protección de datos personales. También contará con una División de Asistencia Administrativa para las tareas operativas.
Una nueva oficina en Fiscalía de Estado
El decreto también dispuso la creación de la Subdirección de Coordinación con el Registro Público Provincial de Ficha Limpia, que funcionará dentro de Fiscalía de Estado.
La nueva dependencia coordinará el trabajo con el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Poder Judicial, la Junta Electoral Provincial y otros organismos vinculados con la aplicación de la ley. Su misión consistirá en garantizar «la integridad, exactitud y actualización de la información registral».
Además, deberá intervenir en la gestión jurídica de los datos incorporados al Registro, emitir dictámenes técnicos sobre altas, bajas y modificaciones, y participar en la elaboración de convenios para el intercambio de información.
Como parte de la reorganización administrativa, el Ejecutivo eliminó la Subdirección de Despacho de la Secretaría de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales. No obstante, aclaró que el resto de las áreas de esa Secretaría y de Fiscalía de Estado mantendrán su estructura sin cambios.
El decreto también autorizó a la Secretaría de Estado de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el funcionamiento de la nueva organización.
A quiénes alcanza la Ley de Ficha Limpia
El Registro será una herramienta central para la aplicación efectiva de la Ley de Ficha Limpia, que regirá por primera vez en los comicios provinciales de 2027.
La normativa alcanza a quienes aspiren a cargos electivos, como gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y delegados comunales. También comprende a funcionarios designados desde el rango de director en adelante en los tres poderes del Estado, además de jueces, fiscales, organismos autárquicos y otras entidades públicas.
La ley impide ser candidato, asumir funciones o continuar en un cargo a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia y a quienes integren el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Como requisito, todos los postulantes deberán presentar una declaración jurada e inscribirse en el Registro Público Provincial de Ficha Limpia, cuya estructura administrativa quedó oficialmente definida con el decreto publicado este lunes.
