Jonathan Stisman, de 43 años, falleció este miércoles a causa de las heridas sufridas en la explosión registrada el lunes por la noche en su departamento del edificio ubicado en Monteagudo 120, en el microcentro de San Miguel de Tucumán.
El médico permanecía internado en el Centro de Salud desde el lunes, con quemaduras que comprometían entre el 80 y el 85 por ciento de su cuerpo. Su estado era crítico y se encontraba con asistencia mecánica respiratoria en la unidad de terapia intensiva.
La explosión, que continúa bajo investigación, provocó importantes daños materiales en el inmueble y motivó un amplio operativo de emergencia en el que intervinieron bomberos, Defensa Civil y el servicio del 107. Alrededor de 60 personas debieron abandonar el edificio.
En las últimas horas, las autoridades informaron que el edificio permanece clausurado de manera preventiva. No obstante, algunos inquilinos y propietarios fueron autorizados a ingresar de forma temporal y bajo estrictas medidas de seguridad para retirar pertenencias indispensables, mientras avanzan las pericias técnicas sobre la estructura.
Mientras se investiga qué provocó el siniestro —se cree que pudo tratarse de una fuga de gas—, las autoridades municipales también comenzaron a revisar las condiciones edilicias del inmueble. Ayer, personal de la Dirección de Catastro se presentó en el lugar para establecer si contaba con el correspondiente Certificado de Final de Obra, documento que acredita que una construcción fue terminada de acuerdo con el proyecto aprobado y con las condiciones exigidas por la normativa municipal.
Una de las primeras conclusiones es tranquilizadora: en principio, la estructura del edificio no presenta daños que comprometan su estabilidad. Sin embargo, esa evaluación no cierra la pesquisa.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema detectado años atrás en San Miguel de Tucumán. Un relevamiento realizado en 2018, sobre un universo de más de 600 edificios construidos en la ciudad, había señalado que al menos 31 estaban habitados sin contar con la habilitación pertinente. Algunos de esos inmuebles llevaban años ocupados. En aquel momento, concejales habían advertido sobre situaciones consideradas críticas, con edificios habitados con garrafas en los pasillos y medidores “de obra” de agua y electricidad.
