El Gobierno de Tucumán oficializó la expulsión definitiva del sistema educativo de José René Moyano, un preceptor que se desempeñaba en la Escuela Secundaria «José Mariano Gómez», de la localidad de Lules. El agente había sido condenado por la Justicia penal a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual simple agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima, una alumna del establecimiento.
La sanción de exoneración —la máxima penalidad contemplada en el Estatuto del Docente (Ley Nº 3.470)— quedó formalizada mediante el Decreto Nº 1.458/5 (MEd), publicado en el Boletín Oficial de la provincia bajo la firma del gobernador Osvaldo Jaldo. Con esta resolución, el Poder Ejecutivo clausura el sumario administrativo iniciado en octubre de 2024 y veta de forma permanente al sancionado de cualquier posibilidad de volver a ejercer cargos públicos o privados en las aulas tucumanas.
Un fallo penal y un sumario administrativo fulminante
La investigación interna llevada adelante por el Ministerio de Educación, conducido por Susana Montaldo, incorporó de manera clave la sentencia dictada por la Justicia el 29 de mayo de 2024. En dicho fallo, quedó acreditada la autoría material de Moyano en perjuicio de la menor de edad.
El decreto gubernamental detalla que la conducta del preceptor constituyó una «violación flagrante a los principios de honestidad, rectitud y buena fe», además de representar un incumplimiento de extrema gravedad a los deberes del Estatuto Docente, que exige un desempeño digno y una conducta moral intachable acorde al rol pedagógico.
«La conducta del agente configura una afectación directa a la dignidad y derechos de los estudiantes bajo su cuidado», fundamenta el texto oficial, el cual invoca las leyes de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (Ley Nacional Nº 26.061 y Ley Provincial Nº 8.293) para respaldar la drástica medida de apartamiento irreversible.
Al notificarse la sanción, el Ministerio ordenó comunicar la inhabilitación a las Juntas de Clasificación Docente y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada. De esta manera, Moyano queda impedido de postularse para cargos titulares, interinos o suplentes en cualquier nivel educativo.
Alarma en el sistema educativo: los antecedentes recientes
La exoneración de Moyano no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una política de rigurosidad administrativa implementada por el Ministerio de Educación frente a denuncias de violencia de género y delitos contra la integridad sexual en el ámbito escolar. En los últimos meses, el Ejecutivo provincial ha avanzado con expulsiones y despidos en casos similares:
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Jorge David Perea: Exonerado tras ser acusado de abuso sexual contra un alumno en una escuela de El Manantial.
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Juan Carlos Zerrizuela: Expulsado de la fuerza docente luego de que se comprobaran episodios de acoso sexual sistemático hacia cinco alumnas de un mismo curso.
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Ignacio Eduardo Del Olmo: Apartado definitivamente tras acreditarse el envío de mensajes y conversaciones inapropiadas por WhatsApp a una estudiante menor de edad.
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Adrián Alberto Abregú y Miguel Ángel Carrizo (preceptor): Ambos separados de forma definitiva tras recibir condenas de la Justicia penal por abusar de alumnas de sus respectivos colegios.
Desde la cartera educativa remarcaron que cada sumario administrativo es impulsado con celeridad para evitar que el personal sospechado o condenado permanezca frente a las aulas, buscando blindar la seguridad de las comunidades escolares de la provincia.
