La saturación de los depósitos estatales de vehículos secuestrados, un problema histórico que combina el pasivo ambiental con un elevado costo logístico para el Estado, podría transformarse en un esquema de asistencia comunitaria y capacitación técnica. Un proyecto de ley impulsado en la Legislatura de Tucumán por el legislador oficialista Tomás Cobos propone la creación del «Régimen Provincial de Afectación Social de Vehículos Secuestrados No Reclamados», una iniciativa orientada a reconvertir motocicletas y automóviles en desuso en unidades operativas para el interior provincial.
El proyecto, que actualmente se encuentra bajo el análisis de las comisiones de Seguridad y Justicia y de Legislación General, busca dotar al Estado de una herramienta administrativa ágil para declarar la utilidad pública de aquellas unidades retenidas por autoridades provinciales o municipales que no hayan sido reclamadas en los plazos legales correspondientes. El texto de la norma no solo persigue un fin logístico, sino que articula aristas de capacitación educativa, reinserción de personas privadas de la libertad y un riguroso control de transparencia ciudadana mediante herramientas digitales.
De acuerdo con el articulado de la propuesta, la normativa alcanzará a los vehículos que hayan sido secuestrados debido a infracciones de tránsito, falta de documentación habilitante o aquellos vinculados a causas penales que ya cuenten con la correspondiente orden de liberación por parte del Poder Judicial. El criterio de elegibilidad estipula que las unidades susceptibles de afectación social serán aquellas que no hayan sido reclamadas por su titular registral o poseedor legítimo en un plazo de dos años desde su secuestro, siempre que no registren medidas judiciales pendientes de resolución.
Una vez completado el trámite administrativo y verificado el estado de la unidad, los vehículos serán destinados de manera directa a Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC), comunas rurales y municipios del interior. La prioridad de asignación estará enfocada en optimizar el traslado de pacientes, robustecer la conectividad en zonas rurales de difícil acceso y brindar soporte de movilidad a tareas de emergencia y asistencia sanitaria. Para evitar cualquier desviación de estos recursos, el proyecto de ley prohíbe de forma expresa la venta o transferencia de estas unidades a particulares.
Educación, oficio y reinserción social: los «Talleres Sociales»
Uno de los aspectos medulares del proyecto radica en la creación del programa «Talleres Sociales de Recuperación Vehicular». Lejos de limitar el proceso a un mero traspaso administrativo, el proyecto propone que el reacondicionamiento técnico y mecánico de los vehículos sea el motor de un proceso pedagógico y social.
Para ello, la iniciativa prevé la firma de convenios para que en estos talleres participen activamente alumnos de escuelas técnicas, programas de formación laboral del Ministerio de Educación, cooperativas de trabajo e internos del servicio penitenciario bajo regímenes de reinserción social. Según los fundamentos de la norma, esta dinámica fomenta la capacitación en oficios críticos y genera oportunidades de inclusión y aprendizaje productivo para poblaciones vulnerables y personas privadas de su libertad.
Control digital: trazabilidad pública y códigos QR para evitar desvíos
Consciente de los históricos cuestionamientos en torno al uso discrecional de los bienes recuperados del delito o de infracciones, el legislador incorporó al proyecto exigencias tecnológicas orientadas a la transparencia pública y al control ciudadano:
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Sistema Digital de Trazabilidad: Se dispondrá la creación de una plataforma web de acceso público y gratuito donde constará el inventario actualizado de cada vehículo afectado al régimen.
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Identificación por Código QR: Cada unidad que circule bajo este sistema deberá portar de manera visible y permanente un código QR. Al ser escaneado por cualquier ciudadano, el sistema detallará el origen del rodado, el número de motor y chasis, el historial de mantenimiento, el área gubernamental responsable de su custodia y el destino específico para el cual fue asignado.
De este modo, el sistema no solo busca aliviar el costo fiscal que representa para la provincia el mantenimiento, la custodia y la vigilancia de las playas de secuestro —evitando al mismo tiempo la erogación presupuestaria para la compra de nuevas flotas oficiales—, sino también dotar a las instituciones de herramientas operativas en un contexto de restricción de recursos. La propuesta, de ser aprobada, plantea un cambio de paradigma en la administración de los pasivos estatales, priorizando el beneficio social y la transparencia técnica sobre la inercia del abandono.
