La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo clausuró la controversia en torno al calendario electoral de Tucumán y consolidó un criterio jurisprudencial que amplía sustancialmente el margen de discrecionalidad política del Poder Ejecutivo para fijar la fecha de votación. El tribunal declaró abstracto el recurso de amparo promovido por la fuerza opositora Juntos Podemos, tras concluir que las cláusulas de la Constitución provincial que imponían plazos rígidos para la convocatoria a las urnas ya fueron declaradas inconstitucionales y expulsadas del ordenamiento jurídico mediante sentencias firmes en litigios anteriores.
La resolución de los magistrados excede el plano estrictamente técnico y proyecta consecuencias políticas directas sobre el escenario electoral de 2027. Al convalidar la vigencia y el alcance de los fallos dictados con anterioridad a los turnos electorales de 2019 y 2023, la Cámara ratificó que no existe actualmente en el derecho público tucumano una manda constitucional que obligue a celebrar los comicios provinciales con una antelación fija de dos meses respecto de la finalización de los mandatos vigentes. En términos fácticos, la decisión judicial deja bajo la exclusiva órbita y arbitrio del gobernador la potestad de diseñar la estrategia cronológica de la próxima contienda.
El expediente bajo análisis se inició a partir del planteo de Juntos Podemos, espacio que pretendía una nueva declaración de inconstitucionalidad de los artículos 43 (inciso 6°) y 100 de la carta magna provincial, reformada en 2006. La fuerza argumentaba que dicho esquema normativo imponía restricciones irrazonables al ejercicio de los derechos políticos de los partidos y de la ciudadanía al encorsetar el cronograma de votación. Sin embargo, tanto la representación legal de la Provincia como la Fiscalía de Cámara rebatieron el argumento, señalando que la materia ya revestía la condición de cosa juzgada material tras los fallos dictados a instancias del Frente Renovador Auténtico (2018) y del Partido Justicialista (2022).
El voto conductor del camarista Juan Ricardo Acosta receptó la postura oficial y advirtió que, al haber sido decretada oportunamente la nulidad absoluta de aquellas restricciones constitucionales por sentencias definitivas, la persistencia del reclamo carecía de objeto jurídico actual. El fallo ponderó, asimismo, que los dos últimos procesos electorales de la provincia se ejecutaron pacíficamente bajo este paradigma de flexibilidad temporal, sin que se registraran objeciones ulteriores por parte de los partidos políticos participantes.
La definición judicial se produce en momentos en que el peronismo gobernante ha comenzado a trazar las primeras líneas de su ingeniería electoral para 2027. Si bien la sentencia omite cualquier consideración fáctica sobre fechas, disipa el último blindaje legal que la oposición intentaba oponer a la estrategia oficial. En las usinas del justicialismo local se mantiene firme la hipótesis de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, fijando mayo de 2027 como la fecha óptima para blindar el debate territorial de los vaivenes de la política central, replicando así el diseño que le otorgó el triunfo en las pasadas administraciones.
