El Tribunal de Cuentas de Tucumán dispuso la suspensión de un trámite de pago por un monto de $190.076.411,62 impulsado por la Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos (Sesmep), conducida por Carlos “Alito” Assan. La medida del organismo de control responde a la detección de múltiples inconsistencias documentales y administrativas que, según los dictámenes técnicos, impiden certificar la legalidad de la erogación destinada al Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
A través del Acuerdo N.º 2480, emitido el pasado 30 de junio, el tribunal supeditó su pronunciamiento definitivo a que la repartición subsane la falta de documentación respaldatoria básica. El expediente bajo análisis buscaba el visado preventivo de la Resolución N.º 98/SESMEP, mediante la cual el área de Saneamiento pretendía reconocer y cancelar facturas vencidas por servicios de descarga de residuos en la Planta de Transferencia San Felipe.
Las auditorías del Departamento de Contadores Fiscales y de la Contaduría Fiscal General encendieron las alarmas al constatar que la solicitud carecía de certificaciones de servicios convalidadas por funcionarios responsables. Asimismo, las dependencias de control técnico observaron que el expediente no incluía justificación legal alguna sobre el retraso en los pagos de facturaciones correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, como tampoco los actos administrativos indispensables que autorizaron la contratación de las prestaciones durante esos años.
La debilidad del andamiaje contractual del trámite quedó expuesta en los considerandos del acuerdo. Los contratos incorporados por el área que dirige Assan solo cubren el período entre 2020 y los primeros meses de 2023, evidenciando un vacío de renovaciones o prórrogas que acrediten la continuidad formal del vínculo con el Consorcio Metropolitano durante los años posteriores cuyas deudas se intentan liquidar. Adicionalmente, el ente de control advirtió que, si bien los comprobantes poseían firmas de conformidad jerárquica, no se adjuntaron los informes técnicos ni los certificados de pesaje y descarga que demuestren fehacientemente la efectiva contraprestación del servicio y la correspondencia de los montos reclamados.
Ante la imposibilidad de verificar la causa lícita del gasto público, el Tribunal de Cuentas ordenó devolver las actuaciones a la Secretaría de Saneamiento para exigir una rendición completa. Paralelamente, el organismo dispuso congelar los plazos perentorios del control y dictó una orden de abstención de pago obligatoria para la repartición gubernamental hasta tanto no se emita un dictamen definitivo de aprobación.
Este revés administrativo no constituye un hecho aislado para la gestión de la Sesmep. En abril de este año, el tribunal ya había bloqueado otro desembolso millonario promovido por la misma cartera debido a deficiencias similares en los procedimientos administrativos y en los antecedentes de respaldo. Con este nuevo pronunciamiento, el órgano de control ratifica una línea de estricta vigilancia sobre los fondos públicos provinciales, paralizando un circuito de pagos que vuelve a poner bajo la lupa la transparencia en la contratación de servicios de higiene urbana.
