En medio de las fuertes objeciones técnicas y políticas generadas por la sanción de una norma que desafecta del dominio público una fracción destinada a vía en la zona de San Pablo y El Manantial, el legislador justicialista Mario Leito presentó un nuevo proyecto para modificar la legislación de su autoría, aún no promulgada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca precisar el alcance de la medida y responder a las advertencias del Ministerio del Interior, al tiempo que refuerza el fin social de la regularización dominial.
La propuesta original, aprobada el 28 de mayo, autorizaba la desafectación de un tramo de aproximadamente 650 metros por 10 metros en la comuna de El Manantial (departamento Lules), que catastralmente figuraba como calle pública pero que, según sus impulsores, nunca cumplió esa función efectiva. La medida permitía su uso en una permuta con la empresa Citrusvil S.A. para regularizar la situación de unas 80 familias humildes (50 en Ohuanta y 30 en El Manantial) que enfrentaban posibles desalojos, a cambio de terrenos cedidos por la firma.
Sin embargo, la norma desató polémica en el recinto legislativo. La oposición, encabezada por Manuel Courel (Cambia Tucumán), advirtió que se cerraba la única vía perpendicular posible en un corredor de casi 2,5 kilómetros entre las rutas 301 y 338, “estrangulando” un área con más de 280 hectáreas de barrios cerrados, el conglomerado más extenso de este tipo en Tucumán. Alfredo Toscano (Compromiso Tucumán) fue más explícito al sugerir condicionamiento privado: un desarrollador que ya usufructuaba tierras públicas presionaba con desalojos.
El nuevo proyecto de Leito introduce modificaciones sustanciales. En su artículo 2°, establece que la desafectación “tiene por finalidad exclusiva de implementar acciones y políticas de interés público vinculadas estrictamente a la regularización dominial, erradicación, construcción y/o consolidación de los asentamientos o barrios de emergencia de la zona”. Además, condiciona su operatividad al “desistimiento expreso, irrevocable e incondicional” por parte de Citrusvil S.A. de toda acción o derecho presente o futuro sobre los inmuebles involucrados, con acreditación de archivo de procesos sin reserva alguna.
Esta rectificación responde también a observaciones técnicas de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas. Los informes señalaron errores en la descripción catastral —se pretendía desafectar como parcela lo que es un “camino en desuso”— y recordaron que los bienes públicos exigen rigor extremo por su carácter inviolable, inalienable e imprescriptible. No obstante, el organismo recomendó avanzar, en paralelo con el ofrecimiento de Citrusvil.
La presidenta de la empresa, Agustina María Lucci, formalizó el compromiso mediante notas en las que la firma se obliga a transferir a título gratuito diversos inmuebles a la Provincia en un plazo de 60 días tras la aprobación de planos de mensura actualizados, con el fin de contribuir al ordenamiento territorial de las familias residentes.
