La investigación sobre el decomiso de 470 kilos de cocaína ocurrido en el sur de Tucumán — considerado el segundo mayor en la historia del narcotráfico provincial — sumó un nuevo capítulo con la detención de un tercer sospechoso, un joven empresario de Famaillá dedicado al rubro gastronómico y dueño de un local nocturno, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por la Justicia Federal.
Fuentes oficiales señalaron que el empresario, menor de 30 años, es propietario de una sandwichería y boliches bailables en Famaillá, así como de un establecimiento similar que habría operado durante la temporada estival en El Mollar. Aunque circulan versiones que lo vinculan con sectores políticos locales, allegados descartaron tales afirmaciones y confirmaron que el joven ya contrató abogados que evalúan la posibilidad de presentarse voluntariamente ante la Justicia.
La causa judicial se originó la madrugada del viernes pasado cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux en la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco, conducida por Marcos Martín Nacif. La revisión de la carga reveló 15 bultos con cocaína compactada, totalizando 470 kilogramos y portando el sello denominado «delfín». Nacif fue arrestado y quedó a disposición judicial.
Días después, Rodrigo “Icha” Chávez, propietario de una importante verdulería en Famaillá y ex candidato a concejal vinculado a sectores peronistas, fue detenido por su presunta participación. Ambos imputados prestaron declaración indagatoria, cuyos detalles permanecen reservados, aunque la información aportada permitió ampliar la investigación hacia nuevos involucrados.
El fiscal federal a cargo, Rafael Vehils Ruiz, sostiene que la droga ingresó a través de un vuelo clandestino y fue descargada en un campo en Catamarca o el sudoeste tucumano, para luego ser transportada terrestre hacia un posible centro de acopio en Monteros o Famaillá. La organización habría utilizado parte de la cocaína para financiar la logística y distribuyó el resto hacia otras provincias.
Las indagatorias apuntan a esclarecer si los detenidos eran propietarios del cargamento o cumplían roles específicos dentro de una estructura criminal mayor. Dada la magnitud del cargamento y su valor estimado en más de dos millones de dólares, los investigadores consideran improbable que los implicados contaran con recursos propios suficientes para financiar la operación, apuntando a su posible participación en la logística y distribución del estupefaciente.
“Más allá del rol particular, es determinante que formaban parte de una red que cometió un delito grave”, expresó Vehils Ruiz, quien continúa conduciendo la pesquisa para identificar a los responsables finales en esta importante causa contra el narcotráfico regional.
