El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán aprobó ayer la suspensión de la Asamblea Universitaria convocada para hoy y dispuso la reapertura integral del proceso para la elección de rector y vicerrector. La decisión, tomada por amplia mayoría con las únicas abstenciones de los decanos Sergio Robin (Filosofía) y Roberto Gómez López (Arquitectura), instruye a la Junta Electoral a elaborar un nuevo cronograma que contemple nuevamente la inscripción, exhibición, impugnación y oficialización de fórmulas, en cumplimiento de lo ordenado por la Cámara Federal de Apelaciones.
Horas antes de la sesión, el secretario general de la UNT, José Hugo Saab, había manifestado su confianza en que Sergio José Pagani finalmente quedará habilitado para competir por un nuevo mandato. “Yo sigo teniendo en mente que el ingeniero Pagani sí va a poder ser candidato porque el estatuto sí lo permite”, afirmó. No obstante, reconoció que el oficialismo deberá evaluar alternativas si la Cámara Federal resuelve lo contrario: “Si la Cámara Federal de Apelaciones en su dictamen de fondo resuelve que no puede ser, recién allí pensaremos en quién puede completar la fórmula de la doctora Mercedes Leal o, en otro caso, de poder haber una tercera fórmula”.
La medida se presenta como una respuesta técnica a la cautelar ratificada contra la candidatura de Pagani. Sin embargo, la reapertura de etapas ya agotadas genera interrogantes graves desde el punto de vista procesal.
El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Sergio Robin, fue uno de los que se abstuvo y expresó de manera contundente su reparo. “A mí me preocupa mucho el contenido de esta resolución porque mi temor es que va a profundizar la judicialización de este proceso. El hecho de reabrir etapas que ya habían sido cerradas por la propia Junta Electoral, como es la etapa de inscripción y de oficialización de las listas y de los candidatos, va en contra, según mi leal saber y entender, del principio de preclusión”, planteó.
Robin advirtió además: “Mi temor es que los candidatos y candidatas ya oficializados consideren que esto afecta sus derechos y profundicen la judicialización. Y eso podría prolongar el período de indefinición que atraviesa la Universidad”.
El principio de preclusión establece que las etapas de un procedimiento se cierran de manera definitiva una vez cumplidos sus plazos. Reabrir ahora los plazos para la inscripción y oficialización de fórmulas expone el proceso a nuevas impugnaciones judiciales por parte de quienes consideren afectados sus derechos adquiridos. Esta vulneración del principio de preclusión no solo prolongaría la parálisis institucional, sino que podría derivar en una sucesión de recursos y medidas cautelares que terminen por vaciar de contenido cualquier definición electoral.
En este contexto, Saab aparece como el principal beneficiario de la maniobra. El secretario general también destacó el rechazo de la Cámara al pedido de proclamación automática de la fórmula integrada por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala. “Es bueno destacar que la Cámara dice que no hay proclamación. Esto significa que las futuras autoridades deben gozar de legitimidad de la propia comunidad universitaria”, señaló.
Saab fue más allá y cuestionó directamente la estrategia opositora: “Evidentemente hay una fórmula que quería llegar a proclamarse sin el voto de la comunidad universitaria. Esto pasó solo en los tiempos de la dictadura”.
Estas declaraciones confirman que el esquema liderado por Saab capitaliza la incertidumbre creada por la cautelar federal para moldear el nuevo cronograma a sus designios de perpetuación en el poder, ganando tiempo y margen para presentar una fórmula alternativa que evite una derrota clara.
La tensión se agrava por la grave acusación formulada contra la fórmula opositora, al vincular su posición con comparaciones que evocan regímenes dictatoriales. Este tipo de señalamientos eleva el conflicto a un nivel de confrontación extrema que dificulta cualquier salida institucional.
Mientras se espera el fallo de fondo de la Cámara Federal, la decisión del Consejo Superior deja en evidencia que la crisis en la UNT no se resuelve con parches procesales, sino que exige un respeto estricto a las reglas estatutarias y a los principios que garantizan la estabilidad de los actos electorales. De lo contrario, el oficialismo logrará seguir controlando los tiempos y las reglas del juego.
