En el marco de la tercera audiencia pública para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de San Miguel de Tucumán, especialistas y representantes participaron en un intenso debate que apunta a transformar la capital provincial en una ciudad más sostenible social y ambientalmente, al tiempo que desincentiva el uso del automóvil.
El encuentro, realizado en el Concejo Deliberante, concentró aportes que subrayan la necesidad de reorientar la movilidad hacia el transporte ferroviario metropolitano, establecer distritos temáticos con identidad propia y promover la integración socio-urbana de los barrios populares. La propuesta busca superar la fragmentación y saldar deudas estructurales urbanas que afectan al crecimiento del territorio.
Desde el Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT), Guillermo Soler presentó una visión que prioriza la eficiencia urbana y la diversificación modal. Su propuesta disruptiva apunta a reactivar la infraestructura ferroviaria, incluyendo un ambicioso proyecto de ferrobús que conectaría la ciudad de norte a sur. Soler mencionó que sistemas similares han probado ser exitosos en otras urbes, permitiendo consolidar nodos intermodales, como el eje Plaza Alberdi que vincularía el tren del Mitre con el Belgrano.
En materia de espacio público, el arquitecto criticó el predominio actual de los estacionamientos en la vía pública y propuso desalentar el ingreso de automóviles al centro histórico, reservando las calles para la circulación peatonal y el transporte público. Asimismo, planteó la creación de distritos temáticos que reemplacen la zonificación tradicional: un «Distrito Histórico» para preservar y disfrutar la identidad local del microcentro; un «Distrito de Innovación Tecnológica» y un «Distrito Universitario del Conocimiento» para fomentar el desarrollo económico y cultural en el sur de la ciudad.
Por su parte, Paula Boldrini, investigadora del Instituto de Investigaciones en Terreno, Tecnología y Hábitat del CONICET-UNT, aportó una mirada sociourbana desde la realidad de los barrios populares, que concentran el 76% de la población vulnerable del área metropolitana. La especialista puntualizó que la normativa debe atender no solo la vulnerabilidad material sino también la inmaterial, promoviendo la integración social mediante procesos participativos y redes productivas comunitarias que contrarresten la fragmentación y problemáticas como el consumo de drogas.
Boldrini enfatizó que el desmantelamiento de estructuras productivas ha contribuido al crecimiento de actividades delictivas que reemplazan el tejido económico de las comunidades. Propuso el fomento de un “hábitat participativo” apoyado en proyectos autogestivos, instando al Estado a financiar iniciativas nacidas en los barrios mismos.
“La verdadera integración no se limita a puentes físicos; es esencial generar vínculos sociales sostenidos que articulen y fortalezcan comunidades”, afirmó. Subrayó también que la actualización del Código debe ir de la mano con programas que garanticen la seguridad de la tenencia y el derecho a una ciudad digna para todos.
La Comisión especial encargada del estudio, evaluación y reforma del Código de Planeamiento Urbano está presidida por el concejal Facundo Vargas Aignasse e integrada por un cuerpo plural de legisladores y funcionarios municipales.
Este debate sienta bases esenciales para una reforma normativa que se encuentra llamada a definir el futuro urbano y social de San Miguel de Tucumán en consonancia con los desafíos de crecimiento, movilidad y cohesión social.
