La vicerrectora subrogante Cristina Grunauer de Falú firmó la Resolución 6622/2026 que prorroga, por tiempo indeterminado, las designaciones de veinte secretarios y subsecretarios de la Universidad Nacional de Tucumán. La medida, justificada en la necesidad de “garantizar la continuidad institucional y administrativa”, mantiene en sus cargos a los principales operadores del esquema de poder que impulsa la candidatura de Sergio José Pagani a un tercer mandato, pese a la cautelar federal que la suspende desde el 15 de mayo.
El primero de la lista es José Hugo Saab, Secretario General del Rectorado y figura central en la estrategia que llevó a la crisis institucional actual. Lo siguen, entre otros, la secretaria académica Normal Carolina Abdala, el secretario de Comunicación Institucional Arturo Sassi, el secretario de Asuntos Estudiantales Sergio Ricardo Benegas y el secretario de Bienestar Universitario Gustavo Adolfo Vitulli. En total, veinte funcionarios de alto nivel cuya permanencia en el cargo se extiende “hasta la asunción de las nuevas autoridades electas como Rector y Vicerrector” o “hasta tanto se disponga lo contrario mediante acto administrativo expreso”.
La resolución imputa el gasto que demande su cumplimiento a las partidas presupuestarias del Rectorado, lo que en la práctica significa que el mismo grupo que impulsó una candidatura declarada ilegal por la Cámara Federal seguirá administrando las áreas sensibles y los recursos de la universidad mientras la Justicia Federal no resuelva el fondo del asunto.
Esta decisión se produce en un contexto de máxima tensión procesal. Los candidatos opositores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala presentaron un extenso recurso de apelación y nulidad contra la sentencia dictada el 27 de mayo por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, a quien acusan de haber incurrido en un acto de “prestidigitación jurídica” para favorecer la postulación de Pagani. En el escrito de 58 páginas sostienen que el magistrado de grado desconoció la jerarquía judicial al ignorar la cautelar dictada por la Cámara Federal el 15 de mayo y al utilizar argumentos del voto minoritario para volver a rechazar la acción declarativa de certeza.
Los apelantes denuncian una “insubordinación orgánica intolerable” y solicitan que la Cámara Federal asuma la “jurisdicción positiva directa”, es decir, que dicte una sentencia sustitutiva que declare formalmente la inconstitucionalidad de la inscripción de Pagani sin devolver el expediente a primera instancia.
Mientras tanto, el presidente de la Junta Electoral, Fernando Valdez, insiste en que la postergación del proceso electoral obedece exclusivamente a la cautelar federal. Sin embargo, esa medida judicial solo prohibía la oficialización de fórmulas con candidatos que ya hubieran cumplido dos mandatos consecutivos y en ningún momento ordenó suspender el cronograma general ni la Asamblea Universitaria.
La prórroga indefinida de los veinte funcionarios consolida, en los hechos, la permanencia del saabismo en las estructuras administrativas de la UNT en un momento en que su principal apuesta política —la re-reelección de Pagani— se encuentra judicialmente bloqueada. La medida no resuelve la crisis institucional: la profundiza. Mientras la Cámara Federal mantiene la presión sobre el proceso y la denuncia penal por desobediencia judicial contra los miembros de la Junta Electoral sigue su curso, el oficialismo opta por atrincherarse en los cargos que aún controla.
La pregunta que flota en el ambiente universitario ya no es solo si Pagani podrá presentarse, sino hasta cuándo el grupo que lo impulsó podrá seguir gobernando la universidad desde los despachos que hoy prorroga, sin que medie una decisión clara de la Justicia Federal ni una definición institucional sobre quiénes asumirán las autoridades electas.
