Los portones de una reconocida planta citrícola en Tucumán se convirtieron en el escenario de un inusual cruce que mixtura la política partidaria con la exposición digital. Alan Paredes, creador de contenidos con recurrente presencia en la escena pública local, se apostó en el ingreso de la fábrica propiedad de Gonzalo Heredia, dirigente de La Libertad Avanza, con un objetivo taxativo: exigir un resarcimiento público por lo que considera una campaña de difamación en su contra.
El conflicto, que hunde sus raíces en la tensa dialéctica de la política tucumana, se originó luego de que Heredia vinculara públicamente a Paredes con el sector político de Darío Monteros, sugiriendo que sus intervenciones responden a un financiamiento espurio por parte de dicho armado oficialista. Ante la acusación de ser un «militante rentado», Paredes optó por la confrontación directa en el bastión económico del dirigente libertario, demandando una retractación por las mentiras vertidas sobre su integridad.
Sin embargo, en la era de la observación microscópica de las redes sociales, el peso del reclamo político se vio involuntariamente matizado por un detalle de la indumentaria del denunciante. Durante el registro audiovisual de su «guardia» frente a la fábrica, resultó imposible ignorar un visible desgarro en el pantalón de Paredes. Esta fisura textil, que para algunos podría representar el trajín de la militancia de a pie, para la mayoría de la audiencia funcionó como una nota de distracción que le restó solemnidad a una demanda de gravedad institucional.
