El Gobierno nacional designó a la Secretaría de Transporte como la autoridad de aplicación del régimen que regula los servicios privados de movilidad y reparto prestados a través de plataformas tecnológicas. La medida fue oficializada mediante el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Esta decisión abarca a plataformas digitales dedicadas al transporte de pasajeros y la entrega de bienes, incluyendo empresas como Uber, Cabify, Didi, Rappi, PedidosYa y otras con esquemas tecnológicos equivalentes.
Según la reglamentación, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, será responsable de supervisar y aplicar la normativa específica para los prestadores independientes que desarrollan actividades mediante estas plataformas.
En tanto, la Secretaría de Trabajo mantendrá competencias relacionadas con los convenios colectivos que eventualmente se establezcan dentro de la actividad.
El decreto fundamenta que la regulación debe recaer en la órbita del transporte debido a la naturaleza principal de los servicios, vinculada a la movilidad y la logística.
La medida se inscribe en la reforma laboral recientemente sancionada por el Congreso, que creó un régimen particular para los trabajadores de plataformas y los excluyó expresamente del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo.
Así, el Poder Ejecutivo consolida el reconocimiento de conductores y repartidores como trabajadores autónomos, sujetados a un régimen específico y diferenciado del régimen laboral tradicional.
Fuentes oficiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que esta disposición constituye uno de los cambios más significativos introducidos por la reforma en relación con la economía de plataformas, sector que ha generado controversias judiciales y debate acerca de la relación laboral o contractual entre las empresas tecnológicas y quienes brindan servicios a través de sus aplicaciones.
Desde el Gobierno aclararon que la decisión apunta a brindar mayor previsibilidad regulatoria a una actividad en crecimiento y asegurar que la supervisión recaiga en organismos con competencias técnicas especializadas en transporte y logística.
