La controversia en torno al Impuesto sobre los Ingresos Brutos en Tucumán sumó un nuevo capítulo con el reclamo presentado por Mario Koltan, presidente del Grupo Boreal, contador público, empresario y conductor televisivo vinculado políticamente al kirchnerismo. Koltan efectuó una serie de descargos administrativos ante la Dirección General de Rentas (DGR) para impugnar determinaciones de oficio correspondientes a los ejercicios fiscales 2020-2024.
El conflicto surge por una interpretación de la administración tributaria que considera gravadas como actividad financiera rentas provenientes de fondos comunes de inversión, dividendos societarios y movimientos bancarios. La DGR ubicó esas rentas dentro de “Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.”, aplicándoles una alícuota del 9%.
Koltan sostiene que esos conceptos no representan actividades financieras habituales ni de intermediación, sino decisiones patrimoniales para proteger su capital frente a la inflación. “Durante más de 30 años he cumplido con mis obligaciones tributarias, generado empleo y contribuido al desarrollo económico de Tucumán. Hoy debo denunciar una situación grave que afecta no solo a mi grupo económico, sino a todos los inversores de la provincia”, afirmó.
Uno de los principales puntos de discusión es la doble imposición sobre dividendos, que según Koltan ya tributan Ingresos Brutos e Impuesto a las Ganancias desde la sociedad emisora. “Pretender gravarlas nuevamente en cabeza de los accionistas implica una carga tributaria adicional injusta”, argumentó.
Los descargos ponen en tela de juicio la validez legal de los ajustes de la DGR, indicando que el Código Tributario Provincial no contempla gravar dividendos ni rentas pasivas para personas físicas fuera del ámbito de la intermediación financiera.
“Esta disputa excede la tributación; pone en juego la legalidad, razonabilidad fiscal y seguridad jurídica. Se intenta transformar ahorros e inversiones en renta financiera gravada erróneamente a una alícuota del 9%”, advirtió Koltan.
El empresario denunció también que la fiscalización usa movimientos bancarios como presunción de ingresos omitidos, a pesar de existir documentación que justifica operativos como renovaciones de plazos fijos y rescates de inversiones.
“No cuestiono la potestad fiscalizadora estatal, sino la aplicación arbitraria de la ley que desconoce la realidad económica y coloca al contribuyente en indefensión», puntualizó.
En el marco de sus descargos, Koltan planteó además cuestionamientos constitucionales vinculados al principio de legalidad tributaria, derecho de propiedad, inexistencia del hecho imponible, confiscatoriedad y compatibilidad con la Ley de Coparticipación Federal.
Solicitó el archivo de las actuaciones, el rechazo de las sanciones y la reserva del caso para eventual instancia judicial federal.
El empresario anticipó que continuará con todas las acciones legales y administrativas necesarias para defender sus derechos, los de su empresa y los principios constitucionales que protegen el patrimonio y la seguridad jurídica.
En su declaración, vinculó el caso a un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo económico y la presión tributaria. “Una sociedad no progresa castigando a quienes invierten, producen o generan empleo. No podemos permitir que el sistema tributario desvirtúe los derechos de los ciudadanos con interpretaciones arbitrarias”, sostuvo.
La controversia pone en foco la polémica sobre los límites tributarios provinciales, el tratamiento de las rentas financieras y el impacto de Ingresos Brutos en contextos de inflación alta. Koltan señaló que el debate trasciende lo personal y afecta la viabilidad económica y social de Tucumán: “La provincia debe elegir entre fomentar la inversión y el desarrollo o debilitar a quienes sostienen su economía”.
