El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, decidió dar de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país debido a graves irregularidades detectadas durante auditorías internas, y presentó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.
La información fue difundida oficialmente por el organismo, bajo la dirección de Esteban Leguízamo, junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las auditorías revelaron tres tipos principales de incumplimientos: cobros indebidos, facturación por prestaciones inexistentes y clínicas que no cumplían con los protocolos de higiene y seguridad requeridos.
En Tucumán, uno de los casos más destacados es el del policonsultorio Sanarte S.R.L., ubicado en San Miguel de Tucumán. La auditoría encontró numerosas faltas, desde problemas administrativos hasta violaciones a la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las irregularidades más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada, legajos profesionales incompletos y ausencia de matrículas de los médicos. También se detectaron demoras de hasta 21 días para obtener turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó la accesibilidad de los afiliados.
Además, la modalidad de atención bajo un sistema “por orden de llegada” fue considerada por los auditores incompatible con la calidad necesaria en la atención médica. También se identificaron numerosas consultas y estudios sin respaldo documental, historias clínicas sin la firma ni el sello profesional y estudios sin informes correspondientes.
Estas conductas contravienen la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, según PAMI.
En Chaco, la denuncia afecta a un médico prestador de la UGL XIII. Auditorías detectaron deficiencias en la documentación clínica, incumplimientos contractuales e inconsistencias en las prestaciones facturadas. Tras no revertir observaciones en descargos, el Instituto resolvió rescindir su contrato y presentó denuncia penal por delitos vinculados a estas irregularidades.
El organismo solicitó también a la Justicia la intervención para determinar si los hechos configuran delitos y comunicó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.
El modus operandi investigado es parte de un plan de fiscalización más amplio iniciado por PAMI desde la asunción de Esteban Leguízamo.
En noviembre de 2025, el Instituto denunció una estafa millonaria mediante órdenes médicas electrónicas falsas y facturaciones sin respaldo, que dio lugar a al menos seis causas penales en distintas jurisdicciones federales en colaboración con la UFI-PAMI.
Nuevas auditorías en los primeros meses de 2026 revelaron cantidades imposibles de justificación en especialidades como cardiología y gastroenterología. En algunos casos, un prestador contabilizó más de 280 prácticas en cinco horas y otro emitió casi 700 órdenes electrónicas en un día para más de 300 pacientes, una tarea humanamente insostenible.
Frente a este contexto, PAMI implementó un esquema riguroso de control con monitoreo continuo de umbrales prestacionales, uso obligatorio de turnero digital, auditorías permanentes y sanciones automáticas para evitar excesos injustificados.
Desde el Instituto aclararon que estas medidas no significan persecución sino control responsable y garantizan que las bajas de prestadores no afectarán la continuidad en los tratamientos, gracias a la amplia red de atención disponible en todo el país.
En abril, el organismo reforzó su estructura de supervisión con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General de PAMI.
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