Sin otro fin más que el de ganar tiempo, a punto de perder la conducción de la Universidad Nacional de Tucumán, el grupo afín a José Hugo Saab realizó una presentación sin ninguna posibilidad de éxito en la Cámara Federal, la misma que había prohibido al rector Sergio Pagani postularse a un tercer mandato.
La verdadera causa de este insólito contraataque radica en la escalada de la crisis que se produjo esta mañana del lunes 18 de mayo, cuando los candidatos opositores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala presentaron una denuncia penal contra los tres miembros de la Junta Electoral —Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández— por los delitos de desobediencia a la autoridad judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia se funda en la resoluciones dictadas más temprano por la Junta Electoral, que no se limitaron a cumplir la cautelar federal del 15 de mayo, sino que suspendieron todo el proceso electoral para rector y vicerrector del período 2026-2030, aplazaron la Asamblea Universitaria convocada para el miércoles 20 de mayo y remitieron la readecuación del cronograma al Consejo Superior. Los opositores sostuvieron que la Junta extendió indebidamente los efectos de la medida cautelar —que solo alcanzaba a las candidaturas con dos mandatos consecutivos— para paralizar la elección entera y beneficiar políticamente al oficialismo.
“La Junta se ha convertido en un órgano administrativo que excede su función para beneficiar a un tercero”, afirmaron en uno de los escritos presentados. Además, interpusieron un recurso de reconsideración contra la suspensión de la Asamblea y advirtieron que la modificación unilateral del cronograma podría derivar en un escenario de acefalía institucional (artículo 192 del Estatuto Universitario) e incluso abrir la puerta a una eventual intervención federal.
Es en este contexto de máxima tensión —con denuncias penales en curso, acusaciones explícitas de parcialidad y riesgo concreto de parálisis institucional— que el servicio jurídico de la UNT, alineado con el saabismo, presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones un recurso de nulidad (o incidente de anulación) contra la medida cautelar que dejó fuera de la contienda a Sergio José Pagani.
El escrito repite, sin aportar elementos nuevos de entidad, los argumentos ya rechazados por mayoría en el fallo original: supuesta invasión a la autonomía universitaria y violación del debido proceso. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la presentación tiene escasas —por no decir nulas— probabilidades de prosperar. La jurisprudencia de la Corte Suprema es clara: la autonomía universitaria (artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional y Ley de Educación Superior N° 24.521) no es absoluta y no exime a las casas de altos estudios del control judicial cuando se cuestiona el cumplimiento de sus propias normas estatutarias o se comprometen principios republicanos de alternancia y periodicidad de los mandatos.
El fallo de la Cámara Federal
Los vocales Fernando Luis Poviña, Ricardo Mario Sanjuan, Marina Cossio y Patricia Marcela Moltini ya habían analizado y desestimado estas cuestiones al reconocer legitimación activa a Cabrera y Abdala y al fundar la cautela en la verosimilitud del derecho y en la necesidad de preservar el orden republicano en la vida universitaria. La vía procesal elegida —un incidente de nulidad ante el mismo tribunal que dictó la medida— rara vez prospera salvo por error manifiesto o hechos supervinientes de gravedad, circunstancias que aquí brillan por su ausencia.
El verdadero propósito de la maniobra es a todas luces político y dilatorio. Ante la denuncia penal en marcha, la inminencia de la Asamblea y la posibilidad concreta de perder el Rectorado tras cuatro décadas de control desde las sombras del Rectorado, el saabismo busca ganar tiempo, presionar al Consejo Superior, generar un nuevo foco de conflicto y, eventualmente, forzar una salida que le permita rearmar su estrategia electoral (Mercedes Leal o Jorge Rospide, según trascendidos).
Se trata, en definitiva, de un acto de pánico institucional. El grupo que durante años ha operado con impunidad desde la Secretaría General ahora enfrenta no solo un límite judicial, sino también la posibilidad de responsabilidades penales individuales por abuso de autoridad y desvío de poder. La presentación de nulidad no es un acto de defensa jurídica seria: es el reflejo desesperado de un esquema que, por primera vez, ve cómo sus propias reglas internas y las órdenes de la Justicia federal amenazan con poner fin a su perpetuación.
Queda ahora por ver si la Cámara Federal desestima de plano este recurso o si, por prudencia institucional, le otorga un trámite que solo prolongaría la incertidumbre. En cualquier caso, el desesperado mensaje del saabismo es inequívoco: ni la Justicia Federal podrá quitarles el manejo de la millonaria caja de la UNT, que han utilizado como bolsa de empleo.
