Cuatro efectivos policiales, entre ellos un comisario, están imputados por el secuestro y extorsión de un joven vinculado a la venta de marihuana, caso que destapa una modalidad ilegal con antecedentes en la provincia.
La víctima fue obligada a subir a un Renault Megane, propiedad del comisario Díaz, y trasladada a la oficina de la Jefatura de Zona III, en el sur capitalino. Durante el trayecto y mientras estuvo detenida ilegalmente en la dependencia, sufrió golpes. La madre del joven, S.F.O., fue contactada por los acusados, quienes le exigieron un rescate de 240.000 pesos para liberar a su hijo. La mujer entregó el dinero en el lugar, tras lo cual el joven fue liberado.
La investigación, conducida por el fiscal federal Agustín Chit, reveló que el secuestro no fue un procedimiento legítimo: los policías irrumpieron en el domicilio sin órdenes judiciales y sin que existiera expediente contra la víctima. Además, se comprobó que no quedó registro oficial de la detención en la base policial, un punto confirmado por un guardia de la dependencia.
Al analizar los celulares de los acusados, se descubrió que el día del secuestro crearon un grupo de WhatsApp donde Díaz y Gómez planificaban “un trabajo de merca” sumando a Jiménez, y presionaban para “apurar a la vieja”, en referencia a la madre de la víctima para que pagara el rescate. También pidieron autorización al comisario Morales, jefe de la dependencia, para trasladar al joven.
En el pedido de elevación a juicio, el fiscal descartó la versión policial de un operativo legítimo y describió que el caso se desarrolló por completo en la jefatura bajo la supervisión de Morales, quien negó su participación activa, aunque registros telefónicos indican contactos relacionados con el hecho.
El juez federal Guillermo Díaz Martínez rechazó los planteos de defensa y ordenó el juicio contra Díaz, Gómez y Jiménez por secuestro extorsivo agravado, incluyendo la participación múltiple y el cobro del rescate. Morales será juzgado como partícipe. La resolución habilita además a la víctima y a su madre a demandar civilmente al Estado por daños y perjuicios.
Este caso pone en evidencia un modus operandi policial ilegal que vulnera derechos humanos y la confianza pública, y que ahora enfrenta la justicia tucumana con pruebas contundentes.
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