“Bueno, a mí me preocuparía que Emilio Luque esté contento porque seguramente le estaría cobrando a la provincia el juicio. Hoy no lo va a cobrar”, afirmó Jaldo al ser consultado sobre las declaraciones del titular del predio.
La decisión del Gobierno provincial de desistir del proceso expropiatorio, formalizada mediante el Decreto 564/1 y autorizada por la Fiscalía de Estado, se basa en la inviabilidad actual del proyecto. La obra no forma parte de la planificación del Ministerio de Obras Públicas y la ejecución de la indemnización comprometería seriamente las arcas provinciales en un contexto de restricciones presupuestarias y ausencia de fondos nacionales.
Con esa introducción, Jaldo explicó luego que las expropiaciones heredadas derivaron en litigios judiciales con altos costos potenciales. En esa línea, afirmó: “Hoy nos encontramos con que las expropiaciones del pasado se convirtieron en juicios contra la Provincia. Son procesos que implican recursos y pueden derivar en condenas millonarias y embargos de cuentas públicas, lo que pondría en riesgo servicios esenciales como salud, seguridad y educación”.
El mandatario detalló que obras previstas en tres grandes inmuebles —el Centro Multimodal de Cargas, la obra de electrificación de El Espinillo y un proyecto habitacional de 700 viviendas— no cuentan con financiamiento nacional ni internacional. En ese marco, señaló: “No están dadas las condiciones porque no hay financiamiento para obras de gran magnitud que la Provincia no puede costear. Si se consigue financiamiento, Tucumán hará todo lo necesario para que se concreten”.
Asimismo, informó el impacto económico de la decisión. “Nos adelantamos a la sentencia desistiendo de las expropiaciones y evitamos una condena superior a los 5.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la Provincia está en condiciones de recuperar cerca de 2.000 millones de pesos. En momentos difíciles, los tucumanos debemos cuidar cada peso y saber cómo invertirlo”, expresó.
Un litigio iniciado en 2014
El litigio se remonta a 2014, durante la gestión de José Alperovich, y se profundizó en 2021 con la expropiación de las tierras ubicadas en una zona estratégica cercana al aeropuerto Benjamín Matienzo. El empresario había acompañado la iniciativa por considerarla relevante para el desarrollo logístico del Norte argentino, pero denunció años de dilaciones judiciales y la imposibilidad de explotar los terrenos, lo que le generó pérdidas equivalentes a seis temporadas de cosecha de caña.
Luque expresó su malestar y cuestionó la conducta del Estado como deudor. “Cuando el gobierno tiene que cobrar, cobra, embarga, aplica tasas usurarias. Cuando el gobierno tiene que pagar es el peor pagador”, señaló. Además, criticó la ley de inembargabilidad vigente en Tucumán, que protege al fisco mientras permite embargos sin miramientos contra los particulares, y reclamó una mayor articulación público-privada.
“Si hay una expropiación se la tienen que pagar. Acá han venido dilatando con distintas excusas”, sostuvo el empresario, quien ahora evalúa destinar las 159 hectáreas a un emprendimiento inmobiliario. Luque también recordó que el predio, con proyección urbana, tiene un valor de mercado superior al fijado inicialmente en el expediente judicial.
Desde el Ejecutivo provincial se enfatizó que el desistimiento representa un acto de responsabilidad fiscal. Priorizar el ahorro de recursos públicos evita una condena millonaria que, en las actuales circunstancias, no podría afrontarse sin perjuicio para el erario.
