En un nuevo capítulo de la causa por la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli en La Madrid, la Justicia de Tucumán concedió este martes el arresto domiciliario a Marcelo Claudio “Pichón” Segura, empleado público imputado por lesiones graves agravadas por alevosía. La medida se adoptó luego de que la diputada Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza) acatara bajo protesta una orden judicial que la obligaba a eliminar de sus redes sociales publicaciones vinculadas al episodio.
Segura, quien cumplía prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz desde mediados de marzo, abandonará esa unidad carcelaria para completar la medida cautelar en su domicilio de San Miguel de Tucumán. Según informó su defensa, a cargo del abogado Ernesto Baclini, el juez Raúl Robín Márquez hizo lugar al pedido tras considerar informes médicos que dan cuenta de hipertensión y diabetes en el imputado. El Ministerio Público Fiscal no se opuso a la modificación de la cautelar.
La resolución establece que Segura deberá permanecer bajo arresto domiciliario por un plazo de cuatro meses, con monitoreo electrónico mediante tobillera y visitas sorpresivas de la Policía. La esposa del imputado fue designada como responsable de su cuidado durante este período.
El hecho investigado ocurrió el 11 de marzo pasado, cuando Pelli participaba en tareas de asistencia a damnificados por inundaciones. Según la acusación, Segura le impidió el paso y le propinó un cabezazo que le provocó fractura de los huesos de la nariz, requiriendo intervención quirúrgica.
Días atrás, el juez en lo Civil y Comercial Pedro Cagna intimó a la diputada Molinuevo a cumplir en 48 horas con una sentencia previa que ordena borrar publicaciones en las que vinculaba el episodio al gobierno provincial y cuestionaba al gobernador Osvaldo Jaldo. Molinuevo acató la medida “bajo absoluta protesta”, advirtiendo que se trataba de un “golpe a la libertad de expresión”.
El caso, que reavivó tensiones políticas en la provincia, continúa su tramitación en la Justicia tucumana. La defensa de Segura y los planteos de la parte querellante definirán los próximos pasos procesales, en un contexto de fuerte debate sobre violencia política y límites al ejercicio de la libertad de expresión.