La Justicia Federal resolvió archivar la investigación abierta por el retiro masivo de fondos públicos mediante cheques al portador en ventanilla en diversos municipios del norte del país, entre ellos varios de Tucumán.
El expediente, que alcanzó un monto total de 39.487 millones de pesos, fue desestimado por inexistencia de delito, según el dictamen del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y la resolución del juez subrogante Guillermo Díaz Martínez.
La causa se originó en una denuncia presentada a fines de 2024 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. El organismo detectó, a través de reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF), operaciones inusuales consistentes en reiteradas extracciones en efectivo de cuentas municipales durante el período que abarca desde enero de 2023 hasta junio de 2024.
Entre los dirigentes políticos señalados por la causa se encuentran el ex intendente de Banda del Río Salí y actual ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, cuya gestión fue la que registró el mayor monto de extracciones. Asimismo, fueron analizados los entonces intendentes Carlos Gallia, de San Isidro de Lules; Francisco Serra, de Monteros; y Enrique Orellana, sin que se detectaran elementos que permitieran atribuirles responsabilidad penal.
En el caso del municipio de Juan Bautista Alberdi, la pesquisa vinculada a los cheques por ventanilla fue remitida al Juzgado Federal N° 2 para anexarse a otra causa en la que el ex intendente Luis Campos figura como principal procesado. Esa investigación, separada de la principal, se encuentra en otra etapa procesal.
Los municipios tucumanos involucrados fueron Banda del Río Salí (17.200 millones), Famaillá (11.400 millones), Alberdi (6.000 millones), San Isidro de Lules (4.200 millones) y Monteros (3.900 millones). También se incluyeron comunas de Catamarca y Salta.
La Procelac había planteado la posibilidad de que parte de esos fondos se hubiera destinado al financiamiento de campañas electorales provinciales y nacionales, lo que podría configurar infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos, así como posibles delitos de peculado, lavado de activos o asociación ilícita.
Sin embargo, la investigación del fiscal Vehils Ruiz, que incluyó requerimientos a entidades bancarias, a la provincia y a los municipios, análisis patrimoniales de los funcionarios firmantes y revisión de las rendiciones de cuentas aprobadas por los concejos deliberantes, no halló elementos suficientes para sostener la hipótesis delictiva.
“Las operaciones investigadas fueron autorizadas por la entidad bancaria interviniente —sin reproches ni observaciones por parte del órgano de supervisión— y ejecutadas de manera pública, trazable y conforme a las prácticas operativas habituales”, consignó el dictamen fiscal.
El fiscal subrayó que la emisión de cheques al portador constituye una operatoria formalmente válida y normativamente permitida, y que, en ausencia de elementos subjetivos de ilicitud, no configura una conducta penalmente típica.
Tampoco se acreditaron inconsistencias patrimoniales en los funcionarios analizados —entre ellos, Darío Monteros, y los entonces intendentes de Lules, Monteros y otros— ni transferencias de fondos municipales hacia estructuras partidarias o electorales.
Vehils Ruiz reconoció, no obstante, “cierta displicencia” y “arbitraria disposición de fondos públicos” en el manejo administrativo, aunque aclaró que tales irregularidades corresponden al ámbito contable y discrecional de los municipios, sin alcanzar entidad penal.
En ese sentido, el fiscal postuló la desestimación de la pesquisa en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, criterio que fue compartido por el juez Díaz Martínez.
La resolución, adoptada hace varios meses, representa un alivio para el oficialismo tucumano, que había seguido con atención el avance de la causa.