La decisión del Gobierno nacional de poner fin al programa Volver al Trabajo implicará en Tucumán la baja de alrededor de 55.000 planes sociales, con una pérdida estimada en $4.290 millones mensuales para la economía provincial.
La medida, que entrará en vigencia a partir de abril, alcanza a nivel nacional a cerca de 900.000 beneficiarios que perciben unos $78.000 por mes. Esos fondos dejarán de transferirse de manera directa y serán reemplazados por un sistema de vouchers orientados a la capacitación laboral, con el objetivo de fomentar la inserción en el mercado de trabajo formal.
En Tucumán, donde el impacto se hace sentir con particular fuerza dada la cantidad de beneficiarios locales, la eliminación de estos planes representa un ajuste significativo en el flujo de recursos públicos. Fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano indicaron que la reforma busca cerrar definitivamente el esquema heredado del Potenciar Trabajo, que durante años fue administrado en gran medida por organizaciones sociales.
El programa Volver al Trabajo había surgido como una transición tras la modificación del anterior esquema de asistencia. Según datos difundidos, el universo de beneficiarios se dividió en dos grupos: alrededor de 900.000 bajo este programa y otros 300.000 bajo modalidades de asistencia más permanente, que no se verían afectadas por la baja inmediata.
Desde el Ejecutivo nacional se sostiene que la transformación responde a un plazo de 24 meses establecido al inicio de la gestión y apunta a redireccionar el gasto social hacia la formación y el empleo genuino, en lugar de la transferencia directa sin contraprestación efectiva. El ahorro fiscal estimado rondaría los $60.000 millones mensuales, aunque el monto final dependerá del grado de adhesión al nuevo sistema de vouchers.
En la provincia, el recorte genera preocupación por sus efectos sobre el consumo local y sobre sectores vulnerables que dependían de estos ingresos para cubrir necesidades básicas. Autoridades provinciales y municipales aún evalúan el alcance preciso y posibles medidas de contención, mientras que desde el Gobierno nacional se asegura que quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a las herramientas de capacitación.
La reforma forma parte de una revisión más amplia de la política social impulsada por la administración de Javier Milei, que prioriza la reducción del gasto público y la eliminación de intermediarios en la distribución de recursos. Hasta el momento, no se han detallado los mecanismos concretos de implementación de los vouchers ni los plazos para su efectiva puesta en marcha.