En Tucumán, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se erige como la principal fuente de recursos propios de la provincia —casi ocho de cada diez pesos recaudados por la Dirección General de Rentas— y como uno de los tributos de mayor impacto negativo sobre la economía real. Una nueva edición de la encuesta anual de impuestos de KPMG, realizada entre más de 80 directores financieros y especialistas tributarios de compañías medianas y grandes, confirma que este gravamen de carácter cascada distorsiona la competitividad, encarece los precios y frena la inversión.
El 60,8 % de los consultados identifica a Ingresos Brutos como el principal factor que limita la fijación de precios, el crecimiento económico y los planes de inversión, un porcentaje que creció desde el 54,4 % de la medición anterior. Este aumento refleja una percepción cada vez más consolidada de que el tributo, al incidir en cada etapa de la cadena productiva y comercial, genera distorsiones persistentes en un escenario de contención inflacionaria.
Tucumán ocupa el quinto puesto en el ranking de provincias con mayor carga fiscal —por detrás de Buenos Aires, Misiones, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba—, y junto con Misiones es una de las jurisdicciones más señaladas por restringir la oferta de productos debido a su presión impositiva. El 28 % de las empresas encuestadas admitió haber limitado operaciones de venta en alguna provincia por razones fiscales.
Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG y responsable de la encuesta, enfatizó la gravedad del panorama: “Ingresos Brutos es un impuesto que incide cada vez más fuerte en el valor de los productos, en una época de lucha contra la inflación”. Sobre la reforma, advirtió que “es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes”. Y cuestionó con firmeza: “Las empresas pagan de más, lisa y llanamente, y los fiscos provinciales naturalizan la situación”.
Uno de los aspectos más preocupantes es la proliferación de saldos a favor, que representan una inmovilización financiera altamente perjudicial para las empresas. El 84 % de las firmas reporta saldos acumulados —un incremento del 2 % respecto del año anterior y del 4 % frente a 2023—, con montos significativos: más del 22 % supera los 500 millones de pesos, y el 16,2 % se ubica entre 250 y 500 millones. Esta situación refleja disfunciones estructurales en el sistema recaudatorio provincial y genera capital de trabajo inmovilizado que no puede destinarse a inversiones ni a otras obligaciones.
En Tucumán, la recaudación de Ingresos Brutos mostró un incremento interanual del 30,48 % en enero de 2026 respecto del mismo mes de 2025, según datos oficiales de la Dirección General de Rentas, lo que consolida su rol central en las finanzas provinciales. Sin embargo, el 90 % de las empresas no anticipa alivio en la presión fiscal provincial durante 2026, y el 35,1 % reportó desinversión en el último año atribuible a la carga impositiva.
Los empresarios tucumanos reclaman con urgencia una simplificación de trámites, mecanismos ágiles de devolución de saldos a favor y una revisión estructural del gravamen para mitigar su efecto en cascada, recuperar incentivos a la productividad y evitar que la inmovilización de recursos continúe asfixiando la actividad económica local.