En las postrimerías del período de sesiones extraordinarias y con el respaldo de gran parte de la oposición dispuesta al diálogo, el bloque oficialista consiguió convertir en ley la polémica reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei.
La norma obtuvo sanción definitiva con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. Al igual que sucedió hace quince días, cuando la Cámara alta analizó la iniciativa por primera vez, no solo La Libertad Avanza respaldó el proyecto, sino también la UCR, el Pro y diversos bloques independientes y de fuerzas provinciales. En contra se pronunciaron las distintas vertientes del peronismo con representación en el Senado.
Con este resultado, la bancada oficialista en el Senado, encabezada por Patricia Bullrich (Capital), pudo entregarle a Milei su anhelada legislación a tiempo para presentarla como un logro ante la Asamblea Legislativa del próximo domingo, ocasión en la que el Presidente tiene previsto pronunciar su discurso sobre el estado de la Nación al iniciarse un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.
En esta ocasión, el Senado debió optar entre dos alternativas: aceptar la enmienda incorporada por la Cámara de Diputados, postura defendida por el oficialismo y sus aliados opositores, o mantener la versión que había aprobado quince días atrás.
El kirchnerismo intentó evitar la trampa de terminar avalando la versión anterior al rechazar la que llegó con modificaciones desde Diputados y quiso reiterar su voto negativo de la primera discusión, pero no pudo hacerlo porque la Constitución no lo autoriza. Tampoco quiso imitar el camino que tomaron los senadores provinciales José María Carambia y Natalia Gadano (Movere-Santa Cruz), quienes manifestaron su desacuerdo absteniéndose de votar.
Al cierre del debate, Bullrich realizó una defensa enérgica de la reforma laboral, sosteniendo que su objetivo es generar empleo y eliminar las rigideces de la legislación que, a su juicio, promueven la informalidad laboral.
«Estamos debatiendo una ley que desmontará una de las mayores mentiras, que es la de la ley de Contrato de Trabajo, un sistema que hace que nadie contrate a nadie», afirmó Bullrich, quien culpó al peronismo porque «en nombre de los trabajadores se condenó durante años a la informalidad a millones de argentinos».
Al comienzo de la discusión, el kirchnerismo intentó frustrar el debate, pero no tuvo éxito. El senador Mariano Recalde (Capital) solicitó que el proyecto retornara a comisión en virtud de una cláusula contemplada en el acuerdo Mercosur-Unión Europea que prohíbe sancionar leyes regresivas en materia ambiental y laboral. La moción fue desechada por 43 votos en contra y 29 a favor.
«Rechazamos esto porque afecta derechos de los trabajadores, viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y va a impactar negativamente en el empleo, va a precarizar el trabajo y deteriorar el salario», denunció, a su turno, el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco).
El peronista pampeano Daniel Bensusán amplió el concepto y explicó que «nuestro sistema constitucional protege los derechos del trabajador con los principios de progresividad y de no regresividad, que significa que el legislador únicamente puede ampliar los derechos que ya tiene el trabajador y el Estado no tiene permitido reformar leyes que hagan retroceder derechos labores».
Más contundente aún fue el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa). No conforme con insistir en su inconstitucionalidad, afirmó que la reforma «es una ley gorila, hecha por gorilas para perjudicar al trabajador y a los jubilados».
«Dicen que esta ley es a favor del trabajador. ¡Que dejen de mentir, esta ley perjudica terriblemente al trabajador!», denunció Mayans en respuesta a los argumentos esgrimidos por el oficialismo a favor de la iniciativa.
El texto llegó al Senado para su tratamiento en comisiones en la mañana del 20 de febrero, apenas ocho horas después de que la Cámara de Diputados lo aprobara en revisión introduciendo un cambio en el texto que había emanado de la Cámara alta la semana anterior.
La modificación consistió, en realidad, en una eliminación: el oficialismo aceptó suprimir el polémico artículo 44 que alteraba el régimen de licencias médicas, aplicando descuentos en los salarios de los trabajadores según si la enfermedad o dolencia declarada era involuntaria o producto de una actividad extracurricular del empleado.
La controvertida cláusula no figuraba en el texto original que envió el Poder Ejecutivo en diciembre último, sino que apareció a último momento, antes de que comenzara la sesión en el Senado del 12 de febrero. Hasta el día de hoy se desconoce con certeza quién la impulsó. Lo concreto es que, como consecuencia del debate que generó, el oficialismo aceptó eliminarla en la Cámara baja.
En sus más de 200 artículos, la norma introduce cambios profundos en la legislación laboral, en la relación entre empleado y empleador e incluso en materia fiscal, ya que contempla la reducción de aportes patronales como parte de los beneficios para incentivar la registración de los trabajadores.
Además, dedica un capítulo completo a la justicia laboral. Por un lado, transfiere el fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al ratificar el convenio firmado entre el Poder Ejecutivo y la administración de Jorge Macri. Pero también impone límites a las costas procesales y a los métodos de actualización como forma de desalentar los litigios judiciales por despido o accidentes.
Sobre el tema de la litigiosidad hizo hincapié el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco), quien señaló que «el empleo formal privado se mantiene constante desde 2012» y lo contrastó con «los juicios laborales (que) crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%». «Estamos ante un sistema que creó más litigios que empleo formal», remarcó.
Las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual y permite la cancelación de sentencias hasta en 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plan de pagos puede extenderse a 12 cuotas para las pymes.
El texto también reduce las indemnizaciones al acotar la base de cálculo, eliminando la consideración de las vacaciones, propinas, bonos o aguinaldo. Además, establece un tope que no podrá superar tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.
Otro de los puntos más cuestionados de la reforma laboral es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que las empresas realizarán aportes mensuales que serán del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Funcionará como una suerte de reedición de las administradoras de jubilaciones y pensiones, ya que se crearán cuentas inembargables para la cancelación del cese laboral de un empleado que serán administradas por la Comisión Nacional de Valores.
«Esto es lo que está escondido en la modernización laboral: un curro como el FAL, que va a ir a financiar a los amigos del Presidente», denunció la kirchnerista Ana Marks (Río Negro), quien dijo que con lo que se recaudará de los aportes que se desviarán para esos fondos «podríamos financiar a todas las universidades o pagar 10 millones de jubilaciones anuales».
La reforma introduce cambios significativos en las condiciones laborales. Flexibiliza la jornada laboral, permitiendo turnos de hasta 12 horas con igual plazo para descanso obligatorio antes de retomar las tareas y se crea el banco de horas extra, por el que el trabajador podrá acordar con su empleador la posibilidad de compensarlas con días libres. En la misma línea, se podrá negociar la fragmentación de las vacaciones.
Otro capítulo que recibió críticas fue el de la derogación de una serie de estatutos profesionales que fueron sancionados por ley en su momento. En la lista se encuentran los marcos laborales de peluqueros, periodistas, viajantes de comercio y operadores de radio y telegrafistas.