La vicepresidenta Victoria Villarruel ratificó una vez más su distancia con el gobierno nacional y su acercamiento a la Iglesia católica, al organizar un encuentro informal en el Senado con representantes de la Pastoral Social y Cáritas, quienes expusieron ante legisladores su postura contraria al proyecto oficialista que busca reducir la edad de imputabilidad penal a los 14 años.
Durante la reunión, los delegados eclesiásticos reiteraron que esta modificación legal no logrará reducir los índices delictivos cometidos por adolescentes y enfatizaron la urgencia de una estrategia integral que contemple la prevención, la contención en espacios adecuados y el combate contra la pobreza y la deserción escolar.
El encuentro se llevó a cabo después de que la Cámara de Diputados otorgara la media sanción a la iniciativa y esta pasara a la cámara alta para su tratamiento, y en respuesta al pedido expreso de la Iglesia de ser escuchada por los senadores, argumentando su amplia experiencia de trabajo en el territorio.
Mientras el presidente Javier Milei no mantiene audiencias con los obispos desde hace dos años, privilegiando el diálogo con pastores evangélicos –cuya principal organización apoyó la baja de imputabilidad, aunque solicitando un enfoque integral–, Villarruel ha fortalecido su vínculo con el catolicismo, llegando incluso a inaugurar un oratorio en el Senado.
En una visita reciente a La Rioja con motivo de la fiesta de La Chaya, la vicepresidenta se reunió con el obispo Dante Braida, titular de la Pastoral Social, y realizó una visita inédita a la tumba del beato monseñor Enrique Angelelli, una víctima de la última dictadura militar.
Los representantes de Pastoral Social y Cáritas detallaron los puntos centrales de la “Carta Abierta a los Legisladores Nacionales”, un documento difundido días atrás donde sostienen que una respuesta penal temprana no es una solución efectiva para abordar la delincuencia juvenil.
En el texto señalan que “la evidencia comparada en la región indica que los países con edades de imputabilidad más bajas presentan mayores niveles de violencia”, mientras que la Argentina, con un piso de 16 años, mantiene una de las tasas de homicidios más reducidas de Latinoamérica.
Sostienen que el Estado “no posee en la actualidad las condiciones materiales, institucionales ni financieras necesarias para implementar un sistema que garantice un acompañamiento integral”, que incluya salud mental, continuidad educativa, formación laboral y procesos reales de reinserción social.
En este contexto, advirtieron que “en un escenario de recortes en políticas sociales, la ampliación de la respuesta penal afectaría principalmente a los sectores más vulnerables, sin abordar las causas estructurales de la violencia”.
También destacaron que “los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la ciencia demuestra que el cerebro no ha alcanzado aún la madurez completa para evaluar plenamente las consecuencias de sus actos”.
Por ello, consideran que “los conflictos que involucren a menores de 16 años deben seguir siendo tratados por el sistema de protección de derechos y los juzgados de familia, reservando al sistema penal como un último recurso”.
Respecto a los mayores de 16 años que cometan delitos graves, proponen “robustecer los mecanismos de justicia restaurativa”, ya que estos modelos “ayudan a reducir la reincidencia y fomentan instancias de reparación para las víctimas y la comunidad”.
Finalmente, alertaron sobre posibles impugnaciones de constitucionalidad al proyecto en debate, al entender que “podría representar un retroceso en materia de derechos humanos y contradecir compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”.
“La solución a la violencia no es el castigo prematuro, sino la prevención, la inclusión y la generación de oportunidades reales. Lo que está en juego no es solo una ley, sino el tipo de sociedad que aspiramos a construir”, concluyeron.