El senador nacional por Catamarca, Flavio Fama, planteó una cuestión de privilegio en el Senado de la Nación contra el gobernador Raúl Jalil, a quien acusó de haber impulsado un esquema político y administrativo destinado a modificar el control de la empresa minera YMAD y alterar la distribución histórica de sus utilidades. En su exposición, el legislador sostuvo que uno de los puntos más graves del caso radica en el destino de los fondos recibidos por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT): según afirmó, solo en 2007 la casa de estudios habría percibido más de 100 millones de dólares provenientes de la explotación minera, cuyo destino —señaló— resulta hoy desconocido.

La intervención se produjo durante una sesión presidida por Victoria Villarruel, donde Fama explicó que su planteo se dirige contra el decreto de necesidad y urgencia N° 2/2026, mediante el cual se transfirió la presidencia y el manejo de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), empresa creada por ley del Congreso hace setenta años y que, según remarcó, históricamente mantuvo un esquema federal de distribución de utilidades hacia el sistema universitario argentino.

El senador sostuvo que entre el 15 de diciembre y el 5 de enero el gobierno catamarqueño “orquestó un perfecto plan para desfinanciar al sistema universitario y quedarse con la renta minera de Catamarca”. Según explicó, la decisión modificó el funcionamiento institucional de una empresa cuyo directorio estaba compuesto por cuatro miembros —dos representantes de Catamarca y dos de la Universidad Nacional de Tucumán— y cuya presidencia era designada por el Poder Ejecutivo Nacional.

A continuación, la transcripción de la denuncia completa en el Senado de la Nación:

Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Fama (S. 2.166/25)

Sra. Presidente (Villaruel).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el senador Flavio Fama.

Sr. Fama.- Gracias, señora presidente.

Yo lo que quiero plantear es una cuestión de privilegio en contra del gobernador de mi provincia, Raúl Jalil, que entre el 15 de diciembre y el 5 de enero orquestó un perfecto plan para desfinanciar al sistema universitario y quedarse con la renta minera de Catamarca. Eso es lo que quiero explicarles a todos los senadores y senadoras.

Estoy hablando del decreto de necesidad y urgencia N° 2/2026, por el cual se transfiere la presidencia y el manejo de la empresa YMAD, una empresa catamarqueña creada hace setenta años, una empresa minera que fue creada por ley de este Congreso, y que en estos setenta años ha tenido un espíritu de distribución de utilidades de características federales. Y en eso me quiero centrar.

La cuestión que vengo a debatir estimo que se ha privado a este Congreso de debatir el fondo de la cuestión, porque cuando venga el DNU solamente vamos a poder exponer si lo aprobamos o no lo aprobamos; tiene que ver con el traslado de esta empresa minera que en estos setenta años ha distribuido recursos, utilidades, al sistema universitario argentino hasta el 5 de enero de este año.

Me refiero concretamente a lo siguiente. La empresa YMAD tiene por característica cuatro directores, dos por la provincia de Catamarca y dos por la Universidad de Tucumán —hasta este 5 de enero el presidente era designado por el Poder Ejecutivo Nacional—, y las utilidades se repartían 60 por ciento para la provincia de Catamarca y 40 por ciento para la Universidad Nacional de Tucumán hasta que se concluyera la construcción de la ciudad universitaria. Luego, correspondía que el 20 por ciento de esas utilidades fueran distribuidas en el sistema universitario argentino.

En estos setenta años, y durante la explotación de Bajo de la Alumbrera, en la que YMAD es socio minoritario, YMAD distribuyó a la Universidad Nacional de Tucumán el 40 por ciento, hasta que un funcionario de la Universidad —el rector— dispuso que se transfiera el 20 por ciento al resto del sistema universitario. Eso pasó entre los años 2003 y 2016.

Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando, si uno toma la distribución de utilidades de la minera Bajo de la Alumbrera a YMAD del año 2007, el 40 por ciento que recibió, o debió haber recibido, la Universidad Nacional de Tucumán fueron 100 millones de dólares, solamente en ese año. No tengo información precisa del resto de los años porque es muy difícil de conseguir, obviamente.

A partir de allí, a partir del año 2008, como dije, se distribuye por dos vías: 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y 20 por ciento al sistema universitario. Yo fui rector en esa época y recibí parte de las utilidades, como las recibieron todos los rectores de las universidades nacionales de las provincias a las que pertenecen cada uno de ustedes. Cada una, en sus provincias, recibió utilidades de YMAD entre el año 2009 y 2016. En el caso particular de la Universidad Nacional de Catamarca, pudimos construir sedes, obras. Fue todo destinado a infraestructura. Se puede revisar en los estados contables.

¿Cuál es la cuestión de fondo aquí? Que se ha firmado un convenio, y en ese convenio le devuelven a la Universidad Nacional de Tucumán el 40 por ciento. Es decir, desfinancian, en un momento de crisis, al sistema universitario. Repito: solo en el año 2007 la UNT debió haber recibido 100 millones de dólares; solamente un año de una serie de más de diez años.

¿Cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que la Universidad Nacional de Tucumán procesó a sus funcionarios y están juzgados —no sé si están presos, pero por lo menos están condenados el rector y algunos funcionarios— por malversación de fondos.

Entonces, ¿cuál es el fondo de la cuestión aquí? Un DNU le devuelve, por acuerdo que hubo entre Raúl Jalil y la UNT, el 40 por ciento a una universidad que ya lo recibió y malgastó.

Entonces, ¿cuál es el mensaje que le damos al sistema universitario? ¿Cómo uno, desde acá, puede defender al sistema universitario en un momento cuando en los últimos dos años se lo ha criticado tanto justamente por este tema? Lo que no se entiende es cómo pueden devolverle, privando, insisto, a las universidades que están en cada provincia. En todas y cada una de las provincias que acá están representadas hay universidades que han recibido esas utilidades.

Esta es una historia de connivencia, indudablemente, entre la UNT y el Gobierno de Catamarca, de corrupción, porque malgastaron los fondos, y de impunidad, porque no solamente fue esta nueva distribución, sino que además aprobaron en la Legislatura catamarqueña, en diciembre del año pasado, una cláusula de indemnidad que más que una cláusula de indemnidad es una arquitectura de impunidad, porque exime, inhabilita, a la provincia de Catamarca y a la UNT a hacer reclamos por mal ejercicio en las funciones de los funcionarios públicos que fueron o serán designados. Eso es una barbaridad.

Y la barbaridad concluye, señora presidenta, con la designación del hermano del gobernador como presidente de la empresa. Entonces, es una empresa que tiene la mitad del directorio y al presidente —que desempata auditorías— vaya a saber por quién, y en qué se gasta la plata vaya a saber en qué. Y le devolvemos a la Universidad Nacional de Tucumán el 40 por ciento, que ya se lo habíamos pagado, y se lo malgastaron.

Entonces, este es un acuerdo de vivos. Esto, claramente, es un acuerdo de vivos. Por eso vengo acá a plantear esta cuestión de privilegio, porque la cuestión de fondo se debió haber debatido acá. Los legisladores debimos ser los que planteemos esta cuestión y esta discusión.

Insisto: se perjudicó al sistema universitario argentino, especialmente a la Universidad Nacional de Catamarca, que recibía cuota doble, lógicamente, por estar en la provincia de Catamarca.

Quiero terminar, señora presidenta, diciéndole que este acuerdo de vivos a veces es muy común en la política y le hace mucho daño a nuestro país, especialmente a nuestra provincia. Sin lugar a dudas, al gobernador Jalil le importan los resultados; es de los que siempre sostienen que el fin justifica los medios. ¿Y saben qué me hace pensar? Que Maquiavelo no ha muerto.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Villaruel).- Muchas gracias, señor senador.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.