El acuerdo que hoy fue promocionado por algunos medios oficialistas de Tucumán y Catamarca como la «superación del litigio», fue denunciado como un pacto de «connivencia, impunidad, nepotismo y corrupción que pone en jaque la estabilidad financiera y ética de las casas de altos estudios en todo el país».
Quien hizo esta grave acusación es uno de los dirigentes universitarios y políticos que más conoció las irregularidades en la distribución de esos millonarios fondos que debían utilizarse para las casas de altos estudios no sólo de estas dos provincias, sino de todo el país. Se trata de Flavio Fama (foto), hoy senador nacional y exrector de la Universidad Nacional de Catamarca entre 2007 y 2021.
La denuncia que reabre el conflicto
Fama, quien formalizó en el Senado de la Nación una cuestión de privilegio contra el gobernador Raúl Jalil, cuestionó públicamente el acuerdo firmado con el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, al considerar que no representa una solución institucional sino un mecanismo político destinado a cerrar responsabilidades sobre el manejo histórico de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).
El legislador sostuvo que el nuevo esquema fue impuesto sin debate parlamentario y perjudica al conjunto del sistema universitario argentino. Allí calificó el proceso como una historia de “connivencia, impunidad, nepotismo y corrupción”.
Según explicó, el decreto nacional que reorganiza YMAD devuelve el 40% de las utilidades a la UNT en un contexto en el que esa institución ya había sido investigada y condenada judicialmente por el uso irregular de esos mismos recursos.
Fama recordó que sólo en 2007 la universidad tucumana recibió —o debía recibir— cerca de 100 millones de dólares provenientes de la explotación de Bajo La Alumbrera, cifras que dimensionan el peso económico del conflicto.
La crítica hacia la UNT es particularmente severa. El senador sostiene que el traspaso implica devolver recursos a una institución que ya los recibió en el pasado y, lo que es más grave, los malgastó. En su exposición, recordó que la historia reciente de la mencionada universidad tucumana está manchada por la justicia, con un rector y funcionarios condenados por malversación de fondos. Esta situación, a juicio de Fama, envía un mensaje devastador a la sociedad: en un momento donde el sistema universitario es cuestionado bajo acusaciones de supuesta corrupción, la validación de estos acuerdos solo sirve para profundizar el descrédito de las instituciones públicas
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El acuerdo presentado como “solución”
En contraste con esa denuncia, la cobertura del diario La Gaceta presentó el entendimiento como el cierre definitivo de una disputa histórica entre Tucumán y Catamarca.
Según esa versión, el convenio firmado pone fin al litigio judicial iniciado por la nulidad del acta de 2008, restablece el 40% de participación para la UNT y redefine las obras de la Ciudad Universitaria bajo un nuevo esquema conciliatorio.
El acuerdo también implica la salida del Estado nacional de la gestión del ente minero y la redistribución del control institucional entre Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.
Sin embargo, la presentación mediática omitió el contexto judicial previo y las denuncias políticas que cuestionan el origen mismo del conflicto.
La Ciudad Universitaria que nunca se construyó
La Ley 14.771 establecía que parte de las utilidades mineras debía financiar la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier, un megaproyecto impulsado por el rector Horacio Descole destinado a transformar la educación superior del norte argentino.
El descubridor del yacimiento Farallón Negro, Abel Peirano, había donado los derechos mineros con la expectativa de fortalecer a las universidades nacionales mediante esos recursos. El proyecto fue respaldado por políticas estatales desde el gobierno de Juan Domingo Perón hasta el de Arturo Frondizi, que consolidó el esquema mediante la creación formal de YMAD.
Pero ese destino comenzó a modificarse en diciembre de 2007.
Los entonces rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano impulsaron declarar “terminada” la Ciudad Universitaria, reduciendo del 40% al 20% las utilidades destinadas a ese fin y transformando esos fondos en recursos de libre disponibilidad del rectorado.
Ese cambio marcó el inicio del conflicto judicial posterior.
El entramado de poder universitario
La reconstrucción periodística identifica como figura central del esquema interno al histórico secretario general José Hugo Saab, dirigente con más de cuatro décadas de influencia dentro de la estructura universitaria tucumana.
Junto a él aparece mencionado Rodolfo Tercero Burgos, condenado por delitos sexuales y señalado como actor judicial dentro del conflicto y operador vinculado a la cobertura mediática del caso.
Según esa reconstrucción, el acuerdo actual fue conocido públicamente sin difusión institucional oficial ni publicación del documento en los canales formales de la UNT, lo que alimentó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
La condena que confirmó el fraude
El punto judicial más relevante llegó con la condena del exrector Juan Alberto Cerisola.
El Tribunal Oral Federal integrado por Abelardo Jorge Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl lo condenó a tres años y seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación para ejercer cargos públicos y reparación económica por incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación contra la UNT mediante el uso indebido de fondos de YMAD destinados a la Ciudad Universitaria.
La sentencia confirmó judicialmente que los recursos mineros no fueron aplicados al objetivo establecido por la ley.
Sin embargo, el fallo dejó abierto un debate político mayor: no todos los responsables institucionales fueron investigados ni juzgados, lo que alimentó las acusaciones de encubrimiento estructural.
Política nacional y control de YMAD
El acuerdo actual también quedó vinculado a movimientos políticos nacionales.
Según la reconstrucción periodística, el gobernador Raúl Jalil habría facilitado reconfiguraciones parlamentarias mediante la salida de los diputados Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega del bloque Unión por la Patria, lo que alteró el equilibrio legislativo nacional mientras avanzaba la reorganización de YMAD.
El nuevo esquema consolida un directorio integrado por los catamarqueños Fernando Miguel Jalil y Ángel de Jesús Mercado, junto a los representantes de la UNT Domingo Marchese y José Roberto Toledo, con predominio político de Catamarca.
El pasado que vuelve a explicar la denuncia
Con este recorrido histórico, la acusación del senador Flavio Fama adquiere otra dimensión.
El acuerdo presentado como la “superación del litigio” aparece, bajo esta reconstrucción, como el cierre de un ciclo iniciado con la modificación del destino de los fondos mineros, atravesado por decisiones políticas, manejos administrativos cuestionados y finalmente confirmado por condenas judiciales.
La discusión sobre YMAD deja así de ser un conflicto técnico entre provincias para transformarse en un debate sobre el control de recursos públicos universitarios y la responsabilidad institucional en su administración.
Porque detrás del anuncio de conciliación persiste una pregunta que atraviesa toda la historia reciente de la Universidad Nacional de Tucumán: si los fondos destinados a construir el mayor proyecto educativo del norte argentino terminaron en causas judiciales y condenas penales, qué garantías existen hoy de que el nuevo acuerdo no consagre definitivamente el cierre político de aquel escándalo.
Y es precisamente esa pregunta —más que el litigio judicial— la que explica por qué un senador nacional habla ahora, sin matices, de un pacto de impunidad.
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