El Gobierno de Tucumán reglamentó por decreto la creación del Fondo Tecnológico provincial y habilitó un esquema de contrataciones directas para la compra de bienes y servicios tecnológicos, una decisión administrativa que permite avanzar en adquisiciones sin recurrir al sistema tradicional de licitación pública y que concentra las facultades operativas en el Ministerio de Economía.
La medida fue instrumentada mediante el decreto N° 239/3, que puso en marcha el artículo 29 del Presupuesto 2026 y formalizó el funcionamiento del denominado “Fondo de Tecnología para la Modernización y Transformación Digital del Estado Provincial”.
Compras sin licitación pública
La reglamentación establece que el Poder Ejecutivo podrá realizar adquisiciones tecnológicas mediante contrataciones directas con cotejo de precios, mecanismo que reemplaza el procedimiento ordinario de licitación pública previsto en la normativa de administración financiera provincial.
El decreto exceptúa expresamente a estas operaciones de los mecanismos habituales de compra estatal y delega la ejecución en la Dirección de Administración del Ministerio de Economía y Producción, que quedará a cargo de sustanciar los procesos y seleccionar proveedores tras solicitar cotizaciones.
De esta manera, la cartera conducida por el ministro Daniel Abad queda facultada para autorizar y aprobar directamente la adquisición de bienes, servicios, insumos tecnológicos y licencias de software, siempre que los proyectos se encuadren dentro del plan anual de inversión tecnológica.
Un fondo financiado con impuestos provinciales
El Fondo Tecnológico se financiará, entre otras fuentes, con el 1% de la recaudación mensual del Impuesto a los Sellos, uno de los tributos de mayor peso en los ingresos provinciales, además de refuerzos presupuestarios que pueda disponer el Poder Ejecutivo.
Los recursos tendrán afectación específica y ejecución inmediata, y además no estarán alcanzados por restricciones habituales para la compra de bienes de capital, lo que permite acelerar la utilización del dinero asignado al programa.
Concentración de decisiones
El decreto designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación del fondo, con facultades para dictar normas complementarias, aprobar el plan anual de inversiones y autorizar cada contratación.
El procedimiento prevé que los organismos estatales presenten proyectos tecnológicos, los cuales deberán contar con un informe técnico que justifique su vinculación con la modernización digital del Estado. Luego de ese paso, el expediente queda bajo control administrativo de Economía, que conduce el proceso hasta la adjudicación final.
Debate por los controles
La creación del fondo ya había generado discusión durante el tratamiento del Presupuesto 2026, ya que el artículo que lo originó habilita compras tecnológicas sin licitación pública, con el argumento oficial de agilizar la transformación digital del Estado.
El nuevo decreto reglamentario consolida ese esquema al permitir adquisiciones directas financiadas con recursos tributarios específicos, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de control, la competencia entre proveedores y el nivel de transparencia en el uso de fondos públicos destinados a la modernización tecnológica provincial.
Con la reglamentación ya vigente, el Ejecutivo quedó habilitado para ejecutar de manera inmediata el gasto tecnológico previsto para 2026 bajo este nuevo régimen administrativo.