La fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone, manifestó que la Provincia se adelantó a la posible sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional y justificó las medidas tomadas por la administración de Osvaldo Jaldo para la internación de adolescentes sentenciados por crímenes de gravedad. En un marco de cuestionamientos por parte de agrupaciones de derechos humanos y de la disidencia de un sector del kirchnerismo local, la funcionaria avaló la media sanción del proyecto y aseguró que Tucumán ya posee instalaciones adaptadas para responder a los nuevos requerimientos.
Pedicone detalló que la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto nacional conllevará responsabilidades específicas para las jurisdicciones provinciales. “La media sanción de la normativa, a la espera naturalmente de su ratificación por la otra cámara, va a demandar de las provincias la preparación del sitio de alojamiento de esos individuos en conflicto con la ley dentro de ese rango de edad”, señaló.
La fiscal precisó que el ámbito de aplicación de la ley se circunscribe únicamente a sentencias por delitos graves. “Nos referimos a condenas de prisión efectiva, no a infracciones leves. Aquí se trata de personas privadas de su libertad”, aclaró.
En la actualidad, los jóvenes condenados se encuentran alojados en el Instituto Roca. No obstante, por decisión del primer mandatario, se ordenó la habilitación de un espacio diferenciado dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz. Allí funcionará un establecimiento con rasgos particulares y segregado físicamente del penal para adultos.
“Se está construyendo un ala especial, una escuela o instituto socioeducativo, que llevará el nombre de Instituto Cura Brochero, aislado en términos materiales del resto del complejo carcelario. Será un ámbito exclusivo para este fin, gestionado por personal diferente, no será el personal penitenciario ni será policial”, explicó la fiscal.
Desde la administración provincial argumentan que esta adaptación obedece a exigencias legales y a acuerdos internacionales suscritos por el país. “La ley penal juvenil actual y la que eventualmente se promulgue, al igual que los tratados internacionales referidos a los derechos del niño, requieren un abordaje diferenciado. Estos adolescentes no son considerados personas privadas de la libertad de igual modo que los adultos, ni bajo las mismas condiciones, ni en los mismos espacios, ni con las mismas prestaciones”, sostuvo Pedicone.
Polémica
La determinación de trasladar a menores al predio del complejo penitenciario de Benjamín Paz desató un intenso debate en la provincia. Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y colegios profesionales nucleados en la Mesa No a la Baja expresaron su oposición a la medida y objetaron el uso de infraestructura carcelaria para adultos para albergar a adolescentes.
Durante la semana se llevó a cabo un encuentro entre el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, y delegados de Andhes, el Proyecto MAP y los colegios de Psicólogos y Trabajo Social. La reunión fue solicitada por las organizaciones para plantear su inquietud frente a la creación del nuevo pabellón juvenil dentro del complejo.
Desde el Ejecutivo respaldaron la iniciativa y enfatizaron que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, con la meta de asegurar el cumplimiento de parámetros internacionales. Masso afirmó que el traslado posibilitará optimizar las condiciones de alojamiento y el acceso a educación y seguimiento profesional. “Estamos implementando una reestructuración necesaria que prioriza la legislación vigente y el bienestar de cada uno de los menores internados, garantizamos íntegramente sus derechos en materia habitacional, educativa y psicológica en el nuevo espacio”, declaró. Sare, por su lado, indicó que las evaluaciones técnicas previas respaldan la adecuación del dispositivo a la normativa actual en materia de niñez.
En contraposición, la Mesa No a la Baja desestimó los argumentos oficiales y cuestionó el marco conceptual de la medida. “El intento de presentarlo como ‘reorganización’ o denominarlo ‘dispositivo especial’ no altera la realidad: se trata de encierro punitivo en un complejo penitenciario”, afirmaron desde ese espacio. En un comunicado posterior añadieron: “No apoyamos ni vamos a apoyar políticas que confundan cuidado con encierro. Continuaremos exigiendo políticas públicas de cuidado que respeten la legislación vigente, los estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y el interés superior de los y las adolescentes”.
Las organizaciones también impugnaron la estrategia comunicacional del Gobierno provincial y alertaron que los anuncios fortalecen discursos que, a su juicio, estigmatizan a adolescentes y jóvenes, omitiendo debates estructurales sobre seguridad y derechos humanos.
Paralelamente al debate provincial, la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Congreso dejó al descubierto divergencias al interior de la representación tucumana. El único diputado nacional por la provincia que votó en contra fue Pablo Yedlin, quien se distanció de la posición respaldada por el gobernador.
Yedlin fundamentó su rechazo al proyecto al expresar: “Argentina necesitaba un nuevo sistema penal juvenil, pero no de esta manera. Reducir la imputabilidad a 14 años no resuelve nada: solo criminaliza a los jóvenes. Sin recursos en las provincias no es serio. Desfinanciar la inclusión no es seguridad. Es abandono”.
Mientras el debate prosigue en el Congreso a la espera de la sanción definitiva, el Gobierno tucumano reafirmó que la Provincia ya ha progresado en la adaptación de infraestructura y en la puesta en marcha de un ámbito específico para el cumplimiento de condenas juveniles, en observancia —según alega— de la legislación actual y de los compromisos internacionales asumidos por el país.