El proceso judicial que involucra a tres miembros del Tribunal de Cuentas de Tucumán por supuestas irregularidades en el pago del Impuesto a las Ganancias ha entrado en una nueva etapa. Esto ocurrió luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 se declarara incompetente por razones territoriales y dispusiera el envío del expediente a la Justicia Federal tucumana, donde proseguirá la investigación.
Esta determinación representa un giro importante en un caso que se inició hacia finales del año 2025, a partir de una denuncia penal radicada por el periodista Christian Eduardo Sanz. El legajo indaga las actuaciones de Miguel Chaiben Terraf –presidente del órgano fiscalizador– y de los vocales Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal, señalados por el denunciante como presuntos responsables de haber eludido el pago del tributo nacional por más de veinte años.
La resolución judicial se adoptó después de que el Ministerio Público Fiscal analizara las primeras diligencias probatorias y concluyera que los hechos investigados habrían tenido lugar completamente en jurisdicción tucumana. Según el fallo, tanto el ejercicio profesional de los funcionarios, como la percepción de sus haberes y la determinación de sus domicilios fiscales están radicados en esa provincia.
El tribunal también subrayó que, si bien el organismo recaudador nacional tiene su sede central en la Ciudad de Buenos Aires, la fiscalización impositiva se efectúa a través de delegaciones regionales. En este caso específico, los denunciados tienen sus domicilios fiscales inscriptos en la dependencia local correspondiente, lo que consolida la competencia de los juzgados federales con asiento en Tucumán.
La decisión se fundamenta, además, en principios básicos del derecho penal, conforme a los cuales la competencia territorial se define principalmente por el lugar donde se habría consumado el ilícito. En materia de delitos tributarios, ese criterio suele asociarse al domicilio fiscal y al ámbito donde se genera el eventual daño económico.
En consecuencia, el expediente fue girado a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para que distribuya el caso al juzgado que seguirá con la pesquisa.
El origen de la causa se encuentra en una presentación penal que imputa a los vocales del Tribunal de Cuentas de haber omitido el pago del Impuesto a las Ganancias durante más de dos décadas. Según el denunciante, los funcionarios habrían utilizado una resolución interna del propio organismo –dictada a fines de los años noventa– para argumentar que el gravamen afectaría la intangibilidad de sus salarios.
La denuncia sostiene que dicho criterio sería contrario a la legislación nacional vigente, que impone la obligación de tributar a los funcionarios públicos cuyos ingresos están alcanzados por el impuesto. Asimismo, afirma que las exenciones fiscales solo pueden derivar de normas expresas y no de interpretaciones internas de un ente administrativo.
Con base en esos argumentos, el escrito encuadra los hechos en figuras penales como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y evasión fiscal agravada, entre otras posibles tipificaciones que podrán evaluarse en el transcurso del proceso.
Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere al alcance de la garantía de intangibilidad salarial y su relación con las obligaciones tributarias. El denunciante afirma que dicha garantía no constituye una inmunidad fiscal absoluta y que el debate sobre el pago de Ganancias por parte de funcionarios públicos ya habría sido resuelto mediante reformas legales implementadas en la última década.
También se plantea que el Tribunal de Cuentas –a diferencia de los órganos judiciales– ejerce funciones administrativas de control externo y no podría extender por analogía prerrogativas propias del Poder Judicial. Según la presentación, la omisión en las retenciones del impuesto habría ocasionado un perjuicio económico al Estado nacional.
Pese al impacto institucional que podría generar el caso, el expediente se halla aún en una fase preliminar y sin imputaciones firmes. El traslado a Tucumán inicia ahora una nueva etapa procesal, en la que el juzgado federal que resulte designado deberá examinar las pruebas acumuladas, disponer nuevas diligencias y determinar si existen elementos suficientes para profundizar la investigación penal.
El desenlace de la causa podría tener consecuencias significativas no solo para los funcionarios involucrados, sino también para la discusión sobre la transparencia fiscal y el control institucional en organismos públicos provinciales.
Por el momento, las imputaciones permanecen bajo investigación judicial y será la Justicia Federal de Tucumán la responsable de establecer si los hechos denunciados configuran delitos y si corresponde proceder a una eventual formulación de cargos formal.