La política de seguridad que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo volvió a quedar en el centro de la polémica tras las detenciones ordenadas por la golpiza ocurrida a la salida de un boliche en Tafí del Valle. La decisión judicial de dictar prisión preventiva contra dos jóvenes de Concepción expuso, una vez más, el costo institucional de un modelo que prioriza el impacto político y mediático por encima de garantías básicas del Estado de Derecho.
Santiago Bagne (18) y César Máximo Carreras (19) fueron enviados por 30 días al penal de Benjamín Paz, una cárcel de máxima seguridad, en una resolución que se produjo luego de que el propio gobernador reclamara públicamente “mano dura”, calificara a los involucrados como “patoteros” y exigiera que los detenidos delaten a los “verdaderos agresores”. Las declaraciones del Poder Ejecutivo antecedieron y rodearon una medida judicial que hoy es cuestionada incluso por dirigentes institucionales.
El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, rompió el silencio y puso en palabras lo que en amplios sectores se comenta en voz baja: que se está utilizando el sistema penal para “dar un mensaje”. “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”, afirmó, al tiempo que participó de la movilización realizada en su ciudad para reclamar la liberación de los jóvenes.
Molinuevo fue explícito al despegar su postura de cualquier cálculo político. “No hablo como intendente, hablo como vecino y como abogado”, sostuvo, y calificó la resolución como “apresurada” y carente de pruebas sólidas. Según explicó, durante la audiencia judicial —con decenas de letrados presentes— quedó expuesto que las lesiones fueron calificadas como leves, que los videos no comprometen a los detenidos y que incluso la propia víctima incurrió en contradicciones. Ninguno de esos elementos, remarcó, justificaría una prisión preventiva.
Pese a ello, el juez ordenó el traslado inmediato a una cárcel de máxima seguridad. Para el intendente, la medida no sólo fue excesiva, sino que consolidó una lógica peligrosa: “No fue una detención común, fue una prisión preventiva que marca a dos chicos como culpables antes de que exista una condena”. La crítica apunta al corazón del problema: el uso anticipado del castigo como respuesta política.
Otro de los ejes del cuestionamiento fue la comparación del caso con el crimen de Fernando Báez Sosa, analogía instalada desde el discurso público. “No hubo patota, no hubo planificación ni intención homicida. Equiparar los hechos es un error grave que alimenta una condena social anticipada”, advirtió Molinuevo. La equiparación, lejos de ser un detalle retórico, refuerza un clima de linchamiento simbólico que precede a cualquier sentencia.
El intendente fue todavía más lejos y habló de presión política sobre la Justicia. “Cuando desde el Poder Ejecutivo se habla públicamente de ‘patoteros’ y se anticipa un destino carcelario, se condiciona la decisión de un juez”, sostuvo, y expresó su convicción de que la resolución será revisada por instancias superiores.
También cuestionó el operativo policial con el que se concretaron las detenciones. Según denunció, fue un procedimiento desmedido: “Rompieron una puerta y redujeron a una madre en el piso, como si se tratara de delincuentes extremadamente peligrosos”. El señalamiento suma un nuevo elemento a las críticas sobre el modo en que se ejecutan las políticas de seguridad bajo el actual gobierno.
Molinuevo negó cualquier vínculo personal con las familias de los detenidos y rechazó las acusaciones de favoritismo. “En una ciudad chica nos conocemos todos, pero esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una injusticia”, afirmó. También expresó su preocupación por la estigmatización que alcanzó al rugby y a una institución deportiva local: “No se puede condenar a un deporte ni a un club entero. Si alguien es culpable, que se lo sancione con pruebas, no con prejuicios”.
El caso de Tafí del Valle dejó al descubierto los límites de una política de seguridad basada en la exhibición permanente de dureza. Una estrategia que, según advierten abogados, dirigentes y familiares, termina desdibujando la presunción de inocencia, naturalizando detenciones preventivas sin sustento sólido y trasladando al Poder Judicial una presión que responde más a necesidades políticas que a criterios jurídicos. En nombre del orden, se corre el riesgo de vaciar de contenido las garantías más elementales.