El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cuestionó con dureza el accionar de la Justicia en la causa por el crimen de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años asesinada recientemente en un basural de Manantial Sur.
En una conferencia de prensa, el mandatario advirtió que no permitirá que “se proteja a nadie” en esta investigación y dijo que no quiere que el caso termine como lo que ocurrió en la causa de Paulina Lebbos, un femicidio emblemático de la provincia en el que quedaron cuestionamientos sobre la actuación institucional.
Jaldo afirmó que la causa de Álvarez es “extremadamente grave” y señaló que hay preocupación por la lentitud con la que algunos fiscales y jueces autorizaron medidas clave. Según explicó, la Policía solicitó allanamientos y detenciones el jueves, tras recolectar indicios relevantes, pero las autorizaciones judiciales demoraron varios días, lo que para el gobernador representó una pérdida de tiempo valioso en una causa de alta complejidad.
El gobernador destacó que no es un hecho común y subrayó que el Poder Ejecutivo y la fuerza policial actuaron con rapidez para avanzar en la investigación. Recordó que gracias al accionar coordinado se logró detener a Felipe Sosa, principal sospechoso del crimen, cuando intentaba salir del país.
Jaldo se mostró crítico con la rotación de fiscales en la causa y cuestionó que en un corto período hayan intervenido varias personas diferentes en el expediente, lo que, según dijo, pudo haber afectado el ritmo de las medidas. También manifestó que existen líneas de investigación vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo que, a su juicio, deberían ser exploradas más a fondo por la Justicia.
El gobernador adelantó que mantendrá reuniones con la cúpula policial para evaluar el avance de las pesquisas y reiteró su mensaje al Poder Judicial: “No vamos a permitir que se proteja a nadie. No queremos un nuevo caso Lebbos en Tucumán”.