Ya no presentaba el aspecto pulcro de antes, con la cabeza y el rostro bien afeitados. Felipe “El Militar” Sosa manifestó durante la audiencia de ayer que «la incertidumbre es el peor enemigo de un soldado». Su declaración se produjo luego de que se aceptara que un especialista en salud mental lo evalúe. El profesional tendrá dos días para emitir un diagnóstico sobre la necesidad de un tratamiento por el síndrome de abstinencia que alega padecer.
Sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, plantearon la necesidad de abordar los problemas de abstinencia que sufre el imputado por el homicidio de Érika Antonella Álvarez. Expresaron que atraviesa una crisis severa y requiere asistencia, la cual no recibe en la Unidad Penitenciaria de Benjamín Paz, donde cumple prisión preventiva.
Cosiansi además mencionó que sus anteriores letrados cometieron un error al hacerlo declarar como un consumidor social de marihuana. «Eso no es cierto. Incluso, en varios medios se difundió que en las fiestas a las que concurría había cocaína disponible», afirmó.
El defensor solicitó que Sosa sea trasladado a un hospital público para ser evaluado por un especialista en salud mental, quien determinaría la necesidad de un tratamiento. «No se pueden ignorar los problemas de salud de un procesado. Aceptaremos lo que determine el evaluador, pero pedimos que no sea alguien del Ministerio Público. Lo más apropiado es que sea diagnosticado en un hospital público», sostuvo.
La auxiliar fiscal Luz Becerra, siguiendo lineamientos del fiscal Marcelo Leguizamón, aclaró la situación. «Antes de su ingreso al penal, un perito lo examinó y fue contundente: determinó que no estaba intoxicado ni con síntomas de abstinencia. No nos oponemos a que reciba atención médica, pero sí a que salga de la unidad carcelaria», explicó.
Carlos Garmendia, representante de la familia de la víctima, coincidió con la postura de la acusación. «Por experiencia, es más conveniente que el informe lo realice alguien que se desplace hasta el penal», argumentó.
Los defensores también denunciaron las condiciones de reclusión de Sosa. «En la primera audiencia advertimos sobre malos tratos durante su traslado. Lo trajeron a Tucumán con un operativo digno de ‘El Chapo’ Guzmán. Sigue sufriendo presiones psicológicas y vulneraciones a sus derechos», denunció Cosiansi.
Flores agregó que no pueden entrevistarlo en condiciones adecuadas. «Cada vez que lo hacemos, nos asignan una sala con un vidrio de separación, está custodiado por personal penitenciario y permanece con esposas en manos y pies», indicó.
Becerra dijo desconocer esa situación y aclaró que su modificación no es responsabilidad del Ministerio Público, aunque consideró que el planteo debe analizarse para evitar que se repita. Garmendia coincidió con esa apreciación.
«Estoy viviendo un momento muy difícil. Cuando uno consume, cree tener todo bajo control, pero ahora me doy cuenta de que no es así», declaró el acusado de homicidio simple. «Aprovecho para pedirle al señor juez que me permitan tener contacto con otros internos, porque estoy solo y no puedo hablar con nadie», añadió.
Antes de dictar su resolución, el juez Eduardo González señaló que no observó en Sosa signos de un síndrome de abstinencia. No obstante, consideró necesario atender los planteos de la defensa. Por ello, ordenó que un especialista en salud mental lo evalúe y emita un informe sobre su estado para definir los pasos a seguir. Además, dispuso que el Servicio Penitenciario elabore un reporte sobre sus condiciones de encierro. Se fijó un plazo de 48 horas para cumplir con lo solicitado, bajo apercibimiento de aplicar una multa de $500.000 por día de demora.