Felipe “El Militar” Sosa, principal imputado en la causa por el homicidio de Érika Antonella Álvarez, solicitó a la justicia que se lleve a cabo una junta médica para que se evalúe su estado de salud ante una crisis de abstinencia derivada de su consumo de drogas. La petición fue presentada por la defensa del acusado en el marco de la investigación penal en la que Sosa permanece detenido e imputado por el crimen de la joven de 25 años. La solicitud de evaluación médica fue presentada mientras Sosa permanece alojado en el penal de Benjamín Paz, donde cumple prisión preventiva.
Según la defensa, Sosa ha reconocido ser consumidor de cocaína y marihuana y atraviesa dificultades vinculadas a la falta de esas sustancias mientras está detenido, motivo por el cual requirió atención médica y contención profesional ante lo que describen como una crisis de abstinencia.
La causa penal por el homicidio de Álvarez se encuentra en etapa de investigación. El cuerpo de la mujer fue hallado el 8 de enero de 2026 en un basural del barrio Manantial Sur, envuelto en bolsas de consorcio negras, con la mandíbula dislocada y atado con nudos de tipo militar. Tras el hallazgo del cuerpo, se investigó la desaparición y la posterior captura del imputado: Sosa huyó hacia Buenos Aires en una moto de alta gama y fue detenido el 16 de enero de 2026 en Pilar, provincia de Buenos Aires, antes de ser trasladado a la provincia de Tucumán.
La investigación judicial está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, con medidas en curso para reunir pruebas, realizar peritajes tecnológicos y analizar dispositivos electrónicos y registros GPS de vehículos vinculados a la causa.
Adicionalmente a la causa penal por homicidio, Sosa había sido objeto de una investigación previa vinculada al cultivo de marihuana en su domicilio de Yerba Buena. El 21 de junio de 2023, personal del Juzgado de Paz de Yerba Buena realizó una inspección en el domicilio de Sosa ubicada en calle Frías Silva al 1336, en el contexto de una causa de separación matrimonial, y encontró un cultivo de cannabis con infraestructura profesional. Entre los elementos secuestrados figuran: una habitación acondicionada con lámparas LED de alta potencia, filtro de aire de carbono, aire acondicionado, termómetro digital, 162 plantas de marihuana en distintos estados de crecimiento, 303 gramos de flores cosechadas, una prensa hidráulica con medidor de temperatura, una balanza digital y frascos y bolsitas para fraccionar.
En esa causa federal por estupefacientes, Sosa y otros dos imputados exhibieron carnets del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), dependiente del Ministerio de Salud, que habilitaba cultivo con fines terapéuticos bajo prescripción médica y dentro de límites específicos. La normativa vigente permite hasta 9 plantas florecidas por persona y un máximo de 40 gramos de flores secas, un total muy inferior a las 162 plantas secuestradas en el inmueble, que no estaba registrado como “cultivo solidario” —trámite requerido para unificar autorizaciones individuales en un mismo lugar de producción.
El 10 de abril de 2025, el juzgado federal dictó el sobreseimiento de Sosa y los otros imputados en esa causa, argumentando que no existían “constancias tendientes a demostrar finalidad lucrativa alguna” ni elementos suficientes para sostener una imputación por comercialización de estupefacientes, y ordenó la devolución proporcional de 27 plantas y de los elementos secuestrados.
La existencia del cultivo y la infraestructura profesional encontrada en su domicilio, junto con el reconocimiento de consumo de sustancias por parte de Sosa ante sus defensores, forman parte de los antecedentes que la defensa ha mencionado en acciones procesales y en la solicitud de evaluación médica en el contexto de su situación de abstinencia por drogas mientras permanece detenido.
Las investigaciones en ambas causas —la federal por cultivo de cannabis y la penal por homicidio— se tramitan en expedientes distintos, con competencias y objetos procesales separados, aunque la totalidad de elementos recabados en cada una de ellas forma parte de la evaluación de la conducta y situación procesal de Sosa en sede judicial.