El número de personas privadas de su libertad en la provincia de Tucumán llegó a 1.644 hacia finales del año 2024. Esta cifra implica un aumento del 17,9% respecto al año anterior, posicionándose como uno de los crecimientos más significativos a nivel nacional. La información se desprende del estudio titulado “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos. Argentina, año 2024”, realizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), cuya difusión se produjo en los últimos días.
El incremento observado en la población carcelaria tucumana se relaciona de manera directa con la habilitación de nuevas unidades penitenciarias. El penal de Benjamín Paz y la alcaldía de Delfín Gallo, que iniciaron sus actividades a fines de 2024, sumaron aproximadamente 720 plazas, una capacidad que se fue incrementando de forma paulatina a lo largo de 2025.
De acuerdo con el informe, al cual este medio accedió, esta ampliación de la infraestructura permitió que Tucumán se counte entre las escasas jurisdicciones del país cuya ocupación carcelaria se sitúa por debajo de la media nacional. Al concluir 2024, la provincia presentaba un nivel de ocupación del 77,1%, cifra muy inferior al promedio del 130% de sobrepoblación que caracteriza al sistema penitenciario argentino.
Sin embargo, el CNPT señala que este escenario es de carácter transitorio. Según datos oficiales actualizados a noviembre de 2025, la población alojada en la provincia ya se acercaría a las 2.000 personas, para una capacidad disponible de alrededor de 2.300 plazas, lo que elevaría el índice de ocupación al 85%, en un marco de crecimiento continuo del encarcelamiento.
En lo que respecta a la tasa de encarcelamiento, Tucumán se mantiene entre las provincias con los valores más bajos del país: 92,7 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional, que en 2024 fue de 258 personas.
El perfil de los presos
El documento también pone de relieve las características procesales de la población penitenciaria tucumana. El 96,5% de las personas privadas de la libertad en la provincia se encuentra condenada, mientras que apenas un 3,5% permanece en situación de procesamiento, una de las proporciones más reducidas de prisión preventiva en el ámbito nacional. A nivel país, en contraste, el CNPT alerta que, si bien aumentó la proporción de personas condenadas, «en términos absolutos la cantidad total de personas presas de forma preventiva no ha cesado de crecer».
En cuanto a la tipología delictiva, Tucumán muestra una particularidad en comparación con otras jurisdicciones: predominan los delitos contra las personas, que constituyen el 51% de los casos, seguidos por los delitos contra la propiedad (29,7%) y los delitos contra la integridad sexual (11%). Este patrón contrasta con el observado en provincias como Buenos Aires o Córdoba, donde los delitos patrimoniales son los más frecuentes.
A escala nacional, el CNPT cuestiona que la respuesta predominante ante la sobrepoblación carcelaria sea la expansión de la infraestructura penitenciaria. El informe advierte que «el serio problema que supone la sobrepoblación pareciera estar siendo abordado de forma exclusiva a través de la ampliación de la red penitenciaria», y subraya que, pese al incremento de plazas, «no se ha logrado revertir de manera sustancial la problemática del hacinamiento».
En este sentido, el organismo sostiene que la construcción de nuevas cárceles, como sucedió en Tucumán, no resulta suficiente por sí sola, y enfatiza que «los esfuerzos por revertir la sobrepoblación deben ser complejos, comprometidos y fruto de la articulación interinstitucional», promoviendo un mayor uso de medidas alternativas a la privación de libertad, especialmente para delitos de baja lesividad social.
