Amaicha del Valle: la comunidad indígena que expulsa a su comisionado comunal

Desde mayo del año pasado, la situación en Amaicha del Valle se encuentra marcada por un clima de fuerte tensión. El origen del conflicto radica en el enfrentamiento entre el actual comisionado comunal, Paul Caillou, y un sector representativo de la Comunidad Indígena. Este domingo, la asamblea comunitaria podría dar un paso decisivo al tratar la posible separación de Caillou de la comunidad.

En mayo de 2025 se llevaron a cabo los comicios para elegir nuevas autoridades. Esos procesos electorales estuvieron rodeados de controversia, resultando en la autoproclamación como caciques de ambos contendientes: Paul Caillou y Horacio Díaz. Esta dualidad de mandatos derivó en acciones judiciales, incluyendo una medida cautelar promovida por el comisionado y una demanda interpuesta por Caillou contra la Comunidad.

En medio de este litigio por la legitimidad del liderazgo, Díaz, en su carácter de cacique reconocido por el Consejo de Ancianos, ha convocado una Asamblea Extraordinaria. La cita está fijada para el próximo domingo a las 11 horas en la Casa de la Comunidad.

El orden del día contempla tres puntos centrales. El primero es la propuesta de expulsión de Caillou, fundamentada en una serie de presuntas faltas graves contra la Comunidad, sus normas internas y sus autoridades tradicionales. La convocatoria alega que el comisionado «ha afectado la unidad, la paz social y la estructura organizativa ancestral». Asimismo, se objeta la injerencia de un funcionario provincial en asuntos comunitarios, lo que se considera una vulneración de la soberanía y autonomía de la Asamblea como máxima instancia decisoria.

El segundo punto será el rechazo formal al proceso judicial iniciado por Caillou, bajo el argumento de que dicho accionar pone en riesgo la institucionalidad propia de la comunidad y menoscaba el ejercicio pleno de sus derechos colectivos como Pueblo Originario.

Finalmente, el tercer punto consistirá en solicitar el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre la Comunidad. Según el texto de la convocatoria, esta medida es calificada como injusta, arbitraria y contraria a la organización ancestral, a la voluntad popular y a los derechos constitucionales e internacionales vigentes.

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