Desde mediados de la década de 2010, la Caja Popular de Ahorros de Tucumán —una de las entidades financieras más antiguas y relevantes de la provincia, con funciones que van desde la administración de créditos hasta la gestión de juegos de azar— se vio precipitadamente arrastrada a una de las crisis institucionales más intensas de su historia reciente.
El conflicto comenzó a cobrar forma cuando, en el contexto de profundas discusiones sobre el uso de fondos millonarios del organismo y su destino financiero, el entonces gobernador José Alperovich impulsó una intervención que modificó de raíz la conducción de la Caja. El corazón de la disputa no era un choque técnico sobre balances financieros, sino una batalla política por quién controlaba esos recursos y con qué fines se destinaban. En ese proceso, se rompieron viejas alianzas y se profundizaron recelos con sectores sindicales, especialmente con Carlos Aníbal Cisneros, histórico dirigente bancario y figura central de La Bancaria en Tucumán.
Lo que siguió fue, en muchos pasajes, un choque frontal entre trabajadores, sindicalistas y las autoridades de la Caja. La intervención de Armando Cortalezzi como representante del Ejecutivo se tornó en un punto de inflexión. Contra lo que muchas versiones oficiales sostenían, la conflictividad escaló hasta volverse abiertamente violenta: en 2013 y 2014, varios enfrentamientos entre empleados, dirigentes de La Bancaria y fuerzas de seguridad terminaron con escenas de destrozos en la sede central en pleno centro de San Miguel de Tucumán, heridos y un clima de tensión que trascendió los límites de una disputa gremial habitual.
(En el video de arriba se puede ver cómo el actual legislador provincial Hugo Ledesma, cuñado de Carlos Cineros, dirige las agresiones contra sus «compañeros» bancarios que se subordinaban a las pretensiones del líder).
Uno de esos días fatídicos de 2014, una asamblea de trabajadores en el salón central de la Caja derivó en un repudio explícito hacia la Asociación Bancaria, acusada de “provocar” los hechos que culminaron con una veintena de heridos por balas de goma y golpes en las puertas de la institución financiera, frente a la Plaza Independencia”.
No fue un episodio aislado. Hubo también escraches a residencias de directivos de la Caja, cortes de calle, y un clima de beligerancia que trascendió la protesta pacífica. Parte de la estrategia de Cisneros y sus seguidores, según denunciaron desde el entorno de la intervención, consistió en presionar y forzar la agenda pública para reivindicar el control de los recursos de la Caja con movilizaciones constantes, cortes y acciones directas que, en varias ocasiones, rozaron la violencia explícita.
Con el paso de los años y tras la llegada de Juan Manzur a la gobernación, la pulseada política y gremial viró hacia una etapa de recomposición institucional, aunque siempre bajo tensión. A finales de 2017, se designó a Eduardo Jairala como interventor, con el objetivo de recomponer la gestión interna y suavizar los roces. No obstante, Jairala renunció al cargo en 2018, y fue reemplazado por José César Díaz, entonces subinterventor cercano a sectores del sindicalismo bancario.
La restauración de la conducción de la Caja bajo Díaz fue recibida por muchos en el gremialismo como una victoria estratégica, marcada por una mezcla compleja de negociación política y la persistencia de un clima confrontativo por el manejo de los fondos. Desde entonces, Díaz ha continuado al frente del organismo, con una gestión signada por la voluntad de Carlos Cisneros y el desvío de fondos que ha sido denunciado desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Una investigación, publicada el 7 de diciembre de 2025 y basada en balances internos, auditorías y documentos contables históricos de la Caja Popular de Ahorros obtenidos durante esos allanamientos por la Causa Vélez, revela la desviación de fondos más grave de la historia provincial. Los papeles, secuestrados en el marco de la causa que investiga a Cisneros por asociación ilícita, demuestran que el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) dejó de percibir más de USD 2.100 millones en 30 años, dinero que por ley debía destinarse a hospitales públicos.
En el día de hoy, jueves 22 de enero de 2026, el gobernador Osvaldo Jaldo tomó una de las más importantes decisiones de su mandato, al desplazar a los dirigentes cisneristas de la conducción de la entidad. Dispuso que asumirán al frente de la Caja Popular el contador Guillermo Norry como interventor; y el abogado Antonio Bustamante, como subinterventor. Dejarán sus cargos José Díaz y Darío Amatti.