Felipe Sosa, principal sospechoso por la muerte de Érika Álvarez, deberá cumplir seis meses de prisión preventiva mientras dure la investigación. La medida fue dispuesta por el juez Bernardo L’Erario Babot, luego de lo solicitado por la querella y el Ministerio Público Fiscal. Según lo resuelto, el acusado deberá permanecer alojado en el Penal de Benjamín Paz.
Trece días después de que se hallara el cuerpo de Érika Álvarez en un basural de Manantial Sur, comenzó el proceso judicial contra Sosa, señalado como el principal acusado por el crimen de la joven de 25 años. La primera audiencia se desarrolló de manera virtual y contempló tres puntos centrales, entre ellos la formulación de cargos.
La audiencia fue encabezada por el juez L’Erario Babot. El debate se inició con la verificación de los datos personales del acusado por parte de la fiscalía, representada por Carlos Picón, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, y por Guillermo Giordano, auxiliar fiscal.
Esa primera intervención generó roces entre las partes. Tras varios minutos de interrogatorio, la defensa de Sosa, integrada por los abogados Rubén Flores, Isaías Díaz Romero, Sergio Díaz Juárez y Marcelo Cosiansi, reclamó al juez por la cantidad de preguntas realizadas a su cliente. L’Erario Babot coincidió con ese planteo y solicitó el cierre de esa etapa inicial del proceso.
En esa instancia, Sosa confirmó que tuvo formación militar. También declaró que es dueño de la empresa “Seguridad Objetiva” y señaló que cobra $1,250 millones por mes como empleado.
Luego se abordó el primero de los tres ejes centrales de la audiencia: el debate por la detención de Sosa. Según la defensa, se trató de un procedimiento ilegal, ya que el acusado no estaba enterado de que se lo investigaba. Además, negaron que su presencia en Buenos Aires, donde fue detenido, se haya debido a un intento de escape y sostuvieron que se trataba de un viaje previsto previamente. Isaías Díaz Romero calificó el traslado de Sosa a Tucumán como un “circo mediático”.
Pese a los planteos de la defensa, el juez L’Erario Babot confirmó que la detención de Sosa fue legítima y que no se registraron irregularidades ni violaciones a los derechos del acusado.
En la audiencia también participó el abogado querellante Carlos Garmendia, acompañado por Walter, padre de Érika. Tras la exposición de las partes, se avanzó con la imputación y las medidas de coerción solicitadas contra el acusado.