Felipe Sosa, de 51 años, quedó en el centro de una de las investigaciones criminales más conmocionantes del verano tucumano: fue detenido en Buenos Aires acusado de ser el principal sospechoso del asesinato de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo apareció el 8 de enero en un basural de Manantial Sur. En el expediente y en el entorno de la víctima, Sosa era conocido como “el Militar”, apodo que resume el perfil que hoy vuelve a quedar bajo la lupa pública: una trayectoria marcada por el mundo castrense, el entrenamiento de élite y el negocio de la seguridad privada.
Según el currículum que figura en su documentación personal, Sosa nació el 18 de mayo de 1975 y se formó en el Colegio Militar de la Nación, donde obtuvo dos títulos: el de Licenciado en Administración y el de Oficial de Infantería del Ejército Argentino, egresando en 1998 con el grado de subteniente . A partir de allí, construyó una carrera militar intensa: integró el Regimiento de Infantería Paracaidista 2 “General Balcarce” entre 1999 y 2004, donde llegó a desempeñarse como jefe de sección y jefe de compañía, con mando sobre personal numeroso .
En ese recorrido figura también una misión internacional relevante: entre enero y julio de 2001, participó de la UNIKOM, la misión de observación de Naciones Unidas en la frontera entre Irak y Kuwait, y recibió una medalla de la ONU por su participación . Sin embargo, uno de los datos más llamativos de su historial es su paso por la Legión Extranjera Francesa, donde fue destinado a unidades de reconocimiento y combate. Allí integró el 2º Regimiento Extranjero Paracaidista (una unidad de élite) y luego el 3º Regimiento Extranjero de Infantería, con base en Kourou, Guayana Francesa, donde estuvo vinculado a tareas de seguridad en lanzamientos satelitales de la base espacial europea .
En su propio CV detalla misiones en escenarios hostiles y operativos de alto riesgo: desde despliegues en Gabón y Costa de Marfil, hasta intervenciones en selva tropical vinculadas a la lucha contra el tráfico ilegal de oro y tareas de rescate humano en profundidad amazónica . Su formación complementaria también refuerza ese perfil: cursos de paracaidismo militar, planeamiento y logística, inglés intensivo para tareas en el exterior, entrenamiento de reconocimiento, comando, técnicas de intervención cuerpo a cuerpo y hasta enfermería de combate . Además, declara manejo fluido de inglés y francés .
Tras su etapa militar, Sosa se volcó al ámbito civil y consolidó un camino en empresas de vigilancia y seguridad. Según su currículum, fue jefe operativo en servicios vinculados al ferrocarril (con personal a cargo y responsabilidades logísticas y de facturación), luego gerente de seguridad corporativa del Grupo Lucci y, finalmente, director de la empresa Seguridad Objetiva S.A., radicada en Tucumán . Es decir: no se trata de un desconocido sin antecedentes laborales, sino de alguien con experiencia en conducción, manejo de equipos y estructuras de control.
Ese pasado, que podría leerse como una carrera disciplinada y ascendente, hoy aparece atravesado por un hecho brutal. La investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez se disparó tras el hallazgo del cuerpo en un basural, envuelto y abandonado como descarte. Los primeros informes forenses, según la reconstrucción periodística, indicaron signos de violencia extrema, con lesiones compatibles con una agresión feroz. Para los investigadores, el cuerpo habría sido trasladado y arrojado en ese punto para dificultar el rastreo de la escena real del ataque.
En paralelo, la pesquisa comenzó a reconstruir el entorno de la joven y las últimas horas previas a su muerte. Los investigadores trabajan con hipótesis que van desde una situación descontrolada en un contexto de consumo, hasta un crimen motivado por conflictos dentro de un circuito de drogas y relaciones de poder. La figura de Sosa aparece allí como alguien con vínculos en ese ambiente, identificado por testigos y fuentes del caso como “el Militar”.
El operativo que terminó con su captura se concretó en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde fue localizado y detenido para luego quedar a disposición de la Justicia tucumana. Ahora, el expediente entra en una etapa decisiva: determinar si actuó solo o si hubo participación de terceros, establecer el móvil real y reconstruir con precisión qué ocurrió antes de que el cuerpo de Erika terminara en un basural, en una escena que, por su crudeza, exige respuestas rápidas y contundentes.
Su nombre ya había tomado notoriedad pública en junio de 2023, cuando un procedimiento policial en su vivienda derivó en el hallazgo de 36 plantas de marihuana. Sosa sostuvo entonces que contaba con habilitación para el autocultivo con fines medicinales, pero aquel episodio quedó rodeado de polémica porque coincidió con denuncias por violencia de género impulsadas por su exesposa. En ese contexto, el propio Sosa llegó a plantear que el golpe más duro había sido el quiebre familiar y la pérdida de contacto con sus hijas, una herida que, según sus palabras, se profundizó a partir de esa situación.
Con el avance de la investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez, su figura volvió a quedar expuesta, esta vez por su presunta vinculación directa con el caso. En las últimas horas también trascendieron datos de su entorno personal: se mencionó que tendría lazos familiares con uno de los condenados por el asesinato de Paulina Lebbos y que mantendría una relación sentimental con una empleada judicial, elementos que, aunque no determinan por sí solos responsabilidades, sumaron ruido y tensión alrededor de su nombre.
El círculo
Mientras tanto, la pesquisa se aceleró con una serie de medidas simultáneas. La fiscala María del Carmen Reuter puso la lupa sobre el círculo que frecuentaba la víctima y ordenó alrededor de 30 allanamientos en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán. Con el correr de las horas, los indicios comenzaron a estrechar el cerco sobre Sosa. Una primera medida no tuvo resultado porque el sospechoso ya no residía en el domicilio que figuraba como declarado, pero el jueves los investigadores avanzaron sobre una vivienda en Yerba Buena y allí habrían encontrado elementos considerados clave, capaces de vincularlo de manera directa con el homicidio.
La reconstrucción posterior indicó que Sosa dejó Tucumán el martes, apenas tomó conocimiento de que estaba siendo investigado. Según esa línea, habría buscado cortar cualquier rastro y se trasladó hacia Buenos Aires en una moto KTM 1290 S, un vehículo de alta gama valuado en torno a los 50 millones de pesos. Ante ese movimiento, se organizó una comisión especial de 25 efectivos que viajó a la provincia bonaerense y, con apoyo de fuerzas locales y federales, logró detenerlo en Pilar. Al momento del arresto, circulaba en la moto y llevaba ropa y su pasaporte, por lo que no se descartó que estuviera evaluando una salida del país.
Ahora, el expediente entra en una etapa determinante. Con el fiscal Carlos Picón al frente de la causa, ya se iniciaron los trámites para concretar el traslado del detenido a Tucumán. Una vez en la provincia, se fijará la audiencia en la que se formalizarán los cargos por el asesinato de Erika y se definirán las primeras medidas procesales sobre su situación.
En cuanto al móvil, por el momento no hay una respuesta cerrada. Los investigadores descartaron que el caso esté vinculado a una red de trata de personas, pero sostienen tres hipótesis principales: que la muerte haya ocurrido tras un exceso de consumo durante una fiesta en Yerba Buena; que la víctima hubiera accedido a información sensible sobre una red de venta de drogas en ámbitos de poder y que haya sido asesinada para silenciarla; o que formara parte de una organización de suministro de estupefacientes y que, por un error o una traición, haya sido eliminada.
Lejos de estar concluida, la investigación sigue abierta y con varios puntos oscuros. Resta establecer si Sosa actuó solo o si contó con cómplices para deshacerse del cuerpo y concretar el abandono en el basural. Además, si en el desarrollo del expediente aparecen indicios firmes de tráfico de drogas, la fiscalía deberá remitir esa información para abrir un nuevo capítulo en el fuero federal.