La ola de inseguridad impactó nuevamente en la localidad de Alderetes. La Fiscalía acusó a dos jóvenes de 16 y 17 años como presuntos responsables del asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra, un muchacho de 21 años que recibió un disparo en la cabeza durante un asalto violento registrado en la madrugada del lunes 12 de enero, en el barrio Julio Abraham. El hecho, ocurrido frente a un comercio y grabado por videocámaras, generó alarma entre los vecinos por el incremento de delitos cometidos con gran brutalidad.
En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia de imputación y solicitud de medidas cautelares, impulsada por la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria a cargo de María del Carmen Reuter. Según la acusación, cerca de las 2:24 de la madrugada, Ibarra estaba en la vereda de la casa de un amigo —donde funciona una distribuidora— cuando los acusados llegaron en una moto negra de baja cilindrada. Uno de ellos bajó armado, le exigió sus pertenencias y tomó una bolsa que la víctima soltó, mientras su compañero esperaba con la moto en marcha.
En lugar de huir después del robo, el atacante volvió sobre sus pasos y, con la intención de evitar ser identificado y garantizar su impunidad, le disparó en la cabeza a Ibarra, impactándolo en la zona fronto-parietal izquierda. El joven fue llevado de emergencia al hospital Padilla, donde falleció unas horas después, a las 5:05. Tras el ataque, ambos sospechosos huyeron del lugar.
La investigación progresó con rapidez gracias al examen de las grabaciones de seguridad. El auxiliar fiscal Miguel Fernández explicó que dos cámaras captaron desde diferentes ángulos la secuencia completa del incidente, lo que posibilitó reconocer a los presuntos autores y lograr su detención. Con esas pruebas, la Fiscalía les atribuyó provisionalmente el delito de homicidio agravado criminis causae como coautores y pidió medidas de coerción.
El magistrado interviniente aceptó el pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso el internamiento de ambos adolescentes en el Instituto Roca por un período de cuatro meses, mientras se sigue recabando evidencias. El caso se añade a una seguidilla de episodios violentos que mantienen en vilo a la comunidad de Alderetes y reabre el debate sobre la problemática de la inseguridad, el empleo de armas de fuego en robos y la intervención de menores en crímenes de extrema gravedad.