Este lunes, la comuna capitalina ordenó la clausura de la piscina del Instituto Nacional de Deportes (IND), situada en Congreso 669, en el barrio Sur. La decisión se tomó debido a que el establecimiento carecía de la habilitación municipal obligatoria para su funcionamiento. El cierre ocurre en el marco de la investigación judicial por el fallecimiento de Gabriel Sebastián Palavecino, un joven de 32 años con una discapacidad, quien perdió la vida ahogado en ese lugar durante el mes de noviembre del año pasado.
Según informaciones recabadas por este medio, la pileta venía operando sin la autorización correspondiente, a pesar de que sobre el recinto pesa una causa judicial por el trágico suceso ocurrido en una clase de natación. La medida de clausura se ejecutó casi dos meses después del incidente, mientras el expediente continúa su curso en los tribunales provinciales.
La muerte de Palavecino se produjo por asfixia por inmersión, luego de que permaneciera sumergido alrededor de cinco minutos sin que recibiera auxilio. Testimonios indican que los instructores a cargo no advirtieron a tiempo la situación, lo que llevó a la familia a radicar una denuncia penal para que se esclarezcan las responsabilidades.
Cinco minutos bajo el agua sin ayuda
De acuerdo con los avances de la investigación, el joven fue sacado del agua cuando ya no presentaba signos vitales. El estudio forense confirmó que la causa del deceso fue asfixia por inmersión. Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad del sitio, que fueron incorporadas al caso, evidencian que durante ese período no hubo intervención del personal del natatorio ni se encontraba un guardavidas en la zona donde estaba Gabriel.
Los familiares manifestaron que el joven había comenzado a tomar clases por indicación de un médico y que incluso habían contratado a un acompañante terapéutico. No obstante, denunciaron que el establecimiento no requirió estudios médicos previos ni evaluó su condición física, pese a que no tenía dominio de la natación.
El letrado de la familia, Marco Rossi, señaló graves irregularidades en el funcionamiento de la pileta y afirmó que se trató de un caso de abandono de persona. “La muerte de Gabriel era evitable. No hubo asistencia, no hubo supervisión y no se siguieron protocolos básicos de seguridad”, expresó.
Reclamo y pedido de justicia
A finales de diciembre, parientes y amigos del joven se congregaron frente al natatorio para exigir justicia. Durante la movilización denunciaron la falta de controles y una grave negligencia por parte del lugar, que siguió abierto al público con normalidad hasta la clausura decretada este lunes.
Con carteles que decían «Justicia por Gabriel« y «No fue un accidente«, pidieron que la causa avance y que se apliquen sanciones. “No queremos que esto le vuelva a pasar a nadie”, afirmaron.
El caso está a cargo de la Fiscalía de Homicidios I. Hasta el momento no hay imputados, aunque la familia anticipó que también iniciará acciones civiles contra los responsables del sitio.
Las piletas de natación en la capital tucumana deben ajustarse a lo dispuesto por la Resolución 508/SPS/2020, que exige habilitación municipal, personal calificado —como guardavidas—, controles médicos, análisis del agua, infraestructura adecuada y planes de higiene y seguridad. En este caso, la clausura respondió específicamente a la falta de la habilitación municipal, un requisito obligatorio para todos los comercios que operan en la ciudad.
