El secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), José Hugo “el gordo” Saab, reconoció en una entrevista con el diario La Política Online que el reciente acuerdo con el presidente Javier Milei busca, en la práctica, eludir el cumplimiento de la Ley 14.771 y encubrir dos décadas de irregularidades relacionadas con los fondos destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier. (El Tucumano)
Saab admitió que el pacto con el gobierno nacional y el de Catamarca tiene como objetivo “blanquear” años de encubrimiento por parte de autoridades universitarias, judiciales y mediáticas sobre la entrega y manejo de los recursos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), fondos que por ley debieron destinarse a la Ciudad Universitaria pero que fueron desviados a otros fines.
La nota también revela que, durante el juicio ante el Tribunal Oral Federal, Saab llegó a declarar que los planos originales del proyecto universitario “no existen”, a pesar de que estaban bajo custodia en el rectorado, lo cual contradice la evidencia documental de que esos planos sí existían y fueron resguardados allí por décadas.
Según documentos que el propio medio publicó en años anteriores, el origen de este escándalo data de un contrato de 2005, firmado entre el rector de ese entonces, Mario Alberto Marigliano, y la minera británica Minera Alumbrera Ltd., por un millón de dólares que estaban destinados a la construcción del campus de San Javier según el artículo 18 inciso b) de la Ley 14.771. Sin embargo, esos fondos nunca se usaron para ese propósito, y la documentación fue ocultada durante años por diferentes funcionarios y autoridades judiciales.
La firma de Saab aparece en el expediente que da inicio al caso (expediente 1552/2005), lo que lo vincula directamente con la maniobra que permitió desviar los recursos que legalmente debían financiar la obra universitaria.