En la provincia de Salta, una investigación de la Justicia Federal dejó al descubierto uno de los casos de trata de personas y explotación sexual de menores más graves registrados en el norte argentino en los últimos años. Ya son 33 las adolescentes identificadas como víctimas de una organización criminal que operaba en ámbitos escolares, con ramificaciones en colegios públicos y privados de la capital salteña y zonas aledañas.
La causa avanza con nueve imputados, una estructura delictiva claramente organizada y un volumen de pruebas que no deja margen para minimizar los hechos. La investigación, que comenzó con pocos casos aislados, creció de manera exponencial a medida que las víctimas se animaron a declarar y se incorporó evidencia digital clave: teléfonos celulares, chats, audios y registros de pagos.
Un mecanismo de captación que apuntaba a menores
Según la acusación fiscal, la red buscaba deliberadamente adolescentes, muchas de ellas estudiantes secundarias, a quienes captaban mediante engaños, promesas de dinero, regalos y supuestas “salidas”. En varios casos, el contacto inicial se producía en las inmediaciones de los colegios o a través de redes sociales, aprovechando la vulnerabilidad propia de la edad y contextos familiares frágiles.
Uno de los elementos más perturbadores del expediente es que la organización valoraba y ofrecía dinero diferencial por la “virginidad” de las menores, un dato que expone con crudeza el nivel de cosificación y violencia sexual que atravesaron las víctimas. Las ofertas incluían sumas crecientes según el tipo de contacto sexual exigido.
Roles definidos dentro de la organización
La fiscalía sostiene que no se trataba de hechos aislados, sino de una asociación con roles claramente distribuidos. Entre los imputados hay personas encargadas de la captación, otras de la logística, y quienes facilitaban el traslado y el contacto con los abusadores.
Uno de los acusados, que se desempeñaba como remisero, habría sido una pieza central: utilizaba su trabajo para trasladar a las menores, coordinar encuentros y cobrar por el servicio. Otros imputados actuaban como intermediarios, gestionando pagos, horarios y “pedidos” de los explotadores.
Delitos agravados y múltiples cargos
Las imputaciones incluyen trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por la minoridad de las víctimas, la pluralidad de personas involucradas, el abuso de una situación de vulnerabilidad y la intervención de una organización criminal. En algunos casos, la acusación suma abuso sexual agravado, corrupción de menores y tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
La gravedad penal de estos delitos implica penas elevadas de prisión efectiva, especialmente cuando se comprueba la sistematicidad de las conductas y el daño causado a niñas y adolescentes.
Testimonios protegidos y daño psicológico
Gran parte de las declaraciones de las víctimas se tomaron en Cámara Gesell, con protocolos especiales para evitar la revictimización. Los relatos coinciden en describir presiones, manipulación emocional y amenazas veladas, además de un clima de control que buscaba impedir que las adolescentes denunciaran lo sucedido.
En algunos casos, las víctimas fueron inducidas a contactar a otras compañeras, ampliando el círculo de captación. La fiscalía considera que este mecanismo fue clave para que la red creciera dentro del ámbito escolar sin ser detectada durante un tiempo prolongado.
Impacto social en Salta
El caso provocó conmoción en la sociedad salteña, especialmente en comunidades educativas y familias que hoy exigen explicaciones y medidas concretas de prevención. Organizaciones sociales y especialistas en derechos de la infancia advierten que este expediente expone fallas graves en los sistemas de detección temprana, así como la necesidad de controles más estrictos y programas de protección en entornos escolares.
Mientras la investigación continúa y no se descarta que aparezcan más víctimas, el expediente ya se convirtió en un caso testigo sobre cómo operan las redes de trata en el interior del país, lejos de los grandes centros urbanos, a la vista de todos y cerca de las aulas.
La Justicia Federal en Salta avanza ahora en la profundización de las pericias, el análisis de nuevos dispositivos electrónicos y la eventual elevación a juicio. Para las víctimas, el proceso recién comienza. Para la sociedad, el caso deja una advertencia brutal: la trata de personas no es un delito lejano ni abstracto, sino una realidad que puede instalarse en el corazón mismo del sistema educativo si el Estado mira para otro lado.