La decisión del juez Augusto José Paz Almonacid de sobreseer a los cuatro jugadores imputados en el Caso Vélez y remitir actuaciones a la Justicia Federal para investigar una posible trata de personas abrió un nuevo capítulo judicial, esta vez con un foco radicalmente distinto: ya no sobre un presunto abuso sexual, sino sobre el armado, la manipulación y la posible explotación de una denunciante en un entramado que excede largamente a una causa penal común.
Tanto en las audiencias como en las pericias incorporadas al expediente —y en escritos judiciales posteriores— aparecen nombres propios que, por su rol, vínculos y conductas descriptas, podrían quedar bajo la lupa del fuero federal si se confirma la hipótesis de trata con fines de explotación o sometimiento.
Patricia Neme: dirección jurídica y control del relato
La abogada Patricia Neme es señalada de manera reiterada en el expediente como la figura central en la conducción jurídica y comunicacional de la denunciante. En audiencias y escritos, las defensas citaron mensajes recuperados por pericias UFED donde la propia denunciante reconoce instrucciones directas.
En uno de los pasajes incorporados al expediente se consigna que la denunciante afirmó que “la abogada me hizo darme cuenta de que había sido abusada”, frase que fue leída en audiencia por defensores y que figura en actuaciones judiciales citadas por El Tucumano.
Desde la óptica penal federal, el punto no es la estrategia legal en sí, sino la posible captación, dirección y condicionamiento de una persona para sostener una denuncia que luego fue desestimada, lo que podría encuadrar —si se prueba— en trata de personas en su modalidad de sometimiento mediante abuso de una situación de vulnerabilidad.
Patricio Char: rol operativo y lapsus reveladores en audiencia
El abogado Patricio Char, también integrante de la querella, quedó expuesto durante las audiencias al referirse a las pericias que intentaba anular. En una intervención registrada en actas y citada por El Federalista, Char afirmó:
“Cada vez que aparece abogada, aparece Carlos… siempre algo estereotipado o sesgado en contra de una causa armada.”
Ese pasaje —pronunciado en audiencia pública— es considerado relevante por dos motivos: primero, porque utiliza la expresión “causa armada”; segundo, porque vincula explícitamente a la abogada con “Carlos”, en referencia a Carlos Cisneros, aun cuando ese nombre no era palabra clave de búsqueda pericial, según consta en el expediente.
Desde el punto de vista federal, su rol podría ser analizado como parte de una estructura de asistencia jurídica destinada a sostener un relato prefabricado, extremo que deberá ser evaluado con prueba.
Jorge Petraglia: logística, organización y cumplimiento de órdenes
En distintas publicaciones de El Tucumano y constancias judiciales, Jorge Petraglia aparece mencionado como organizador y ejecutor de directivas, especialmente en lo referido a traslados, contactos y coordinación alrededor de la denunciante.
Testimonios incorporados al expediente lo describen como una persona que “cumplía órdenes y organizaba”, en un esquema donde otros decidían y él ejecutaba. Ese tipo de rol —si se confirma— es particularmente relevante en investigaciones por trata, donde no todos los integrantes cumplen funciones visibles o jerárquicas, pero sí operativas.
Carlos Cisneros: presunto jefe y beneficiario del entramado
El nombre de Carlos Cisneros, diputado nacional y dirigente sindical, atraviesa transversalmente la causa. No como imputado en el expediente original, sino como figura mencionada en mensajes, pericias y audiencias.
En el acta de una de las audiencias se dejó constancia de la lectura de mensajes donde se repite la asociación entre la abogada, decisiones estratégicas y “Carlos”. Tal como se dijo en audiencia —según reconstruyó El Federalista—:
“Cada vez que se tira del hilo de esta causa, aparece el mismo nombre.”
La hipótesis que ahora deberá evaluar la Justicia Federal es si Cisneros dirigió, financió o se benefició políticamente de una estructura destinada a construir una denuncia falsa, utilizando a una persona como instrumento, lo que podría encuadrar en trata de personas agravada si se comprobara control, explotación o imposibilidad de autodeterminación.