Ya todo es vox pópuli. Ya nadie tiene dudas del armado de la causa. Podrán discutir algunos la posibilidad de la «resignificación» del acto sexual, que la mismísima denunciante admitió como consentido. Después, la visión de un perito abrió la posibilidad de una muy difusa demanda con cientos de miles de dólares en juego. Pero lo otro no se discute.
Las pericias UFED develaron cómo la abogada estrella de la Caja Popular de Ahorros, Patricia Neme, «brazo armado legal» del diputado nacional Carlos Cisneros, armó la causa. Lo que el juez determinará no es si existen o no existen los mensajes que evidencian la corrupta trama destinada a construir el relato, que claramente existió. Lo que el juez determinará es si se podrán usar esas pericias para la causa, no la veracidad de ellas.
Es decir, ya quedó en evidencia cómo Neme dirigió a la testigo y a sus amigas que oficiaron de testigos para destrozar la vida de los jugadores de fútbol. Los mensajes demuestran claramente que hubo una organización para cancelar para siempre a cuatro hombres que llegaron a jugar al fútbol a Tucumán. Pero de eso no se habla en los medios y abogados pseudo progresistas que fueron cómplices de esta terrible injusticia. Digo que lo fueron porque el hecho ya se consumó y el escrache público sucedió.
Entonces, hay dos planos para analizar. Por un lado, el legal, que es lo que sucederá en la Justicia, ese laberinto lleno de convenientes recovecos, intereses difusos que benefician las interpretaciones ambiguas que casi siempre benefician a los más poderosos, que en este caso son el cisnerismo y sus aliados. El otro es la realidad, que la sociología llama universo simbólico. Es decir, aquello que todos sabemos que sucedió. Y las pericias UFED confirman los hechos: Neme armó la causa siempre bajo las órdenes de un tal «Carlos».
¿Cómo puede una organización actuar con tanta impunidad y sin tomar las precauciones del caso para evitar ser descubierta? Porque desde hace más de 20 años en Tucumán sucede eso: esta «organización mediático legal» actuó a diestra y siniestra, destruyendo vidas e inventando víctimas a fuerza de dinero, a fuerza de empleomanía discrecional, a fuerza de sobornos encubiertos o no. La incorporación laboral de una de las testigos el mismo día de su declaración es una evidencia de ello.
Pero esto no se sostiene solo. Necesita por detrás un ejército de personas que se dedique a convencer a la opinión pública de que lo que ellos hacen es —por lo menos— legal. La moralidad es un asunto privado. Ese ejército mediático fueron y son muchos poderosos medios de Tucumán: La Gaceta, Enterate, Contexto, etc., con la complicidad de periodistas pagos de influencia nacional (Claudio Savoia, Eduardo Feinmann, etcétera).
Y esta nota pretende ir a ese plano: al de la prensa, la comprada y la que no. Fuentes de tribunales revelaron que existe en la Justicia una causa contra El Federalista y El Tucumano por supuestamente difundir información secreta de la causa. La demanda, iniciada por la presunta víctima de abuso, asegura haber sido afectada por estas revelaciones. Sin embargo, absolutamente todos los medios de la provincia revelaron información semejante, como se demostrará en Tribunales cuando corresponda.
Dos medios salieron a sostener y a hacer terrorismo sobre esta demanda. El primero de ellos fue Enterate, que difundió en redes el inicio de una investigación de dos jueces a medios demandados. El segundo medio fue La Gaceta, más disfrazado como es su estilo, adelantó la existencia de la demanda sin que siquiera se hubiese notificado a los demandados (ver las capturas abajo). Además de esos medios, hay muchísimos periodistas que optaron por el silencio cuando la causa comenzó a darse vuelta en perjuicio de Cisneros.
Ahora, en el desenlace del caso más buscado por los usuarios de Google de la provincia durante 2025, es inevitable concluir que el desenlace, no importa cuál sea, ya ha cambiado para siempre a Tucumán. La víctima no era tal, los monstruos en realidad eran los mártires, los defensores de los derechos de las mujeres sólo querían fama o dinero, quienes gritaban a los cuatro vientos contra la censura como Fernando Burlando, ahora la piden en la misma institución que denostaron, y más del 90 por ciento de la prensa de Tucumán es capaz de ser cómplice de un injusto fusilamiento social por un puñado de pesos.
