La audiencia del lunes en el Caso Vélez concluyó con una nueva postergación cuando el expediente ya estaba en condiciones de resolverse. La decisión sobre la nulidad de las pericias UFED —pieza central del proceso— volvió a demorarse, esta vez por la ausencia de los abogados de la joven, una inasistencia que derivó en otra dilación y otorgó más tiempo a una estrategia defensiva visiblemente acorralada por la evidencia.
La explicación formal fue endeble. El efecto práctico, contundente: una semana más de plazo en una causa donde cada día cuenta. Lo que terminó de cerrar el cuadro fue lo que ocurrió en paralelo. Fuentes judiciales confirmaron a El Federalista que la demanda contra la prensa ya fue presentada, aunque las partes aún no fueron notificadas. La coincidencia temporal es tan evidente como reveladora.
La presentación judicial —según esas mismas fuentes— apunta contra un usuario de la red social X (Twitter) y contra dos portales digitales de Tucumán, todos críticos del cisnerismo. El eje del planteo no sería la reparación de un daño concreto, sino la imposición de restricciones a la difusión de información judicial, con pedidos orientados a frenar publicaciones, audios y análisis sobre el avance de la causa.
En otras palabras, mientras no asistieron a la audiencia clave, los abogados de la joven habrían estado redactando una demanda para trasladar el conflicto del terreno judicial al mediático. Una maniobra conocida: cuando el expediente deja de responder, se intenta disciplinar a quienes informan. El objetivo sería mediatizar la demanda, generar temor y empujar a los acusados a un “arreglo” económico que hasta ahora no se concretó.
La estrategia tiene una explicación clara. Si las pericias UFED quedan firmes, como ya anticiparon el Ministerio Público Fiscal y las defensas, quedarán gravemente comprometidos no solo quienes impulsaron la nulidad fuera de tiempo, sino también el entramado que dio origen a la denuncia (Ver aquí). En ese escenario, el nombre de Carlos Cisneros vuelve al centro, denunciado por asociación ilícita en la causa espejo y bajo una investigación que podría ampliarse a figuras aún más graves, según lo que surja del análisis completo de la prueba digital.
La ausencia del lunes expuso una contradicción flagrante. Los mismos abogados que hablan de urgencia y daño irreparable no estuvieron presentes cuando el juez estaba en condiciones de resolver. La consecuencia fue una dilación que beneficia exclusivamente a quienes necesitan tiempo para recomponer una estrategia debilitada.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal fue categórico: la querella nunca impugnó a tiempo las pericias que ahora pretende anular y el planteo llegó recién cuando los resultados no beneficiaron sus intereses. Eso quedó registrado. También quedó claro que no se puede pedir nulidad con la prueba ya producida y conocida.
El escenario es inequívoco. Acorralados en el plano judicial, los abogados de la joven ganaron otra semana y avanzaron con una demanda destinada a silenciar a críticos del poder. La próxima resolución no solo definirá la suerte de las pericias UFED: definirá si la causa sigue discutiéndose en tribunales o si se pretende resolver a fuerza de presión mediática y censura indirecta.
La dilación del lunes no fue un accidente. Fue parte de una estrategia. Resta saber si esta vez también les alcanza.
