La creación de una nueva organización que nuclea a jueces, fiscales y defensores oficiales de Tucumán (y del país) no es un hecho meramente gremial ni una reacción circunstancial frente a una polémica coyuntural. Es, en realidad, la manifestación más clara hasta ahora de un profundo reordenamiento del poder dentro del sistema judicial provincial y una señal inequívoca del agotamiento de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT), conducida por Marcela “Machi” Ruiz.
Aunque algunos intentaron desviar la atención hacia debates accesorios —marchas, comunicados o posicionamientos retóricos—, el eje central del conflicto es otro y mucho más relevante: esta nueva red judicial no solo se organizó, sino que compitió y ganó. Fue la fuerza que triunfó en las elecciones para representantes de los magistrados ante el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), desplazando a la AMT de uno de los espacios donde históricamente concentró poder real, influencia y capacidad de control institucional.
La nueva organización quedó formalmente constituida con una conducción colegiada integrada por Raúl Ángel Robín Márquez, juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial Concepción; Alicia Valentina Ruiz de los Llanos, jueza de Documentos y Locaciones de la IX Nominación del Centro Judicial Capital; y María Beatriz Bisdorf, vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, del Centro Judicial Capital. Este triunvirato expresa, en los hechos, una conducción transversal que reúne representación territorial, fuero y trayectoria judicial.
La estructura se completa con César Gabriel Exler, juez del Trabajo de la X Nominación del Centro Judicial Capital, quien ocupa la Secretaría; Paul Alfredo Hoffer, juez del Tribunal de Impugnación del Centro Judicial Concepción, como Prosecretario; Darío Rubén Aquino, juez del Trabajo de la IV Nominación del Centro Judicial Capital, en la Tesorería; y María Elina Nazar, vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, como Protesorera.
Pero el dato verdaderamente político no está solo en los nombres, sino en el resultado que expresan. Esta red fue la que participó de las elecciones para representantes de magistrados ante el CAM y ganó. En ese marco, Marranzino y Saltor resultaron electos como representantes del Ministerio Público Fiscal, aunque su rol excede largamente esa categoría formal: representan a magistrados, fiscales y defensores del Centro Judicial Capital.
Dicho sin rodeos: la AMT ya no está en el CAM. El espacio que durante años funcionó como una plataforma de poder y blindaje político para la conducción de “Machi” Ruiz quedó fuera del principal órgano donde se define la carrera judicial, los concursos y las designaciones. Y ese desplazamiento explica buena parte de las reacciones posteriores, los intentos de deslegitimación y las maniobras para correr el foco del verdadero problema.
La aparición de esta nueva organización deja expuesto un malestar profundo y acumulado con la conducción de Ruiz, cuestionada por su estilo personalista y por haber convertido a la Asociación de Magistrados en una estructura cerrada, cada vez más alejada de las bases y más preocupada por conservar espacios de poder que por representar genuinamente a jueces, fiscales y defensores.
Lo ocurrido en el CAM no fue un accidente ni una anomalía institucional. Fue el resultado de una decisión política: disputar poder real. Por primera vez en mucho tiempo, un espacio alternativo no solo se animó a desafiar a la AMT, sino que lo hizo con éxito y en el terreno donde verdaderamente se juega la influencia judicial.
La nueva organización nace, así, con un dato fundacional imposible de ignorar: ganó donde importa. Y al hacerlo, dejó al descubierto que el liderazgo de Marcela “Machi” Ruiz ya no ordena ni representa al conjunto del Poder Judicial tucumano, sino apenas a una estructura que resiste su pérdida de centralidad.
El mapa cambió. La AMT quedó afuera y una nueva fuerza ocupa ahora el lugar desde donde se define el futuro institucional de jueces, fiscales y defensores en Tucumán.