En la última sesión del año, la Legislatura tucumana, presidida por Sergio Mansilla, protagonizó un fuerte debate por la reforma del artículo 247 del Código Tributario provincial (Ley 5121). Aunque el oficialismo la presentó como una «actualización técnica», los bloques opositores denunciaron que se trata de un incremento fiscal encubierto que golpeará duramente al mercado de propiedades. El conflicto se centró en el reemplazo del concepto de «avalúo fiscal» por el de «valor catastral determinado según la Ley 9857», lo que ata directamente la carga impositiva a una nueva metodología de valuación que refleja los precios reales del mercado.
Este cambio legislativo se da en el contexto de la reglamentación, a inicios de noviembre, de la Ley N° 9857, que creó el Observatorio del Mercado Inmobiliario de Tucumán (OMITUC). A través del Decreto N° 3275/3, el ministro de Economía Daniel Abad facultó a este organismo, dependiente de la Dirección General de Catastro, para establecer métodos de «valuación masiva» empleando «inteligencia artificial y análisis geoespacial». El objetivo declarado del OMITUC es acercar los valores fiscales a la «dinámica real del mercado», un paso que ya anticipaba futuros aumentos en los impuestos inmobiliarios al recalcular anualmente las bases de las propiedades.
Una modificación que dispara los valores
Los legisladores opositores rechazaron la iniciativa de plano, tildándola de «impuestazo» y de una maniobra para aumentar la recaudación afectando a los contribuyentes y al sector productivo.
El diputado Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) fue uno de los más enfáticos, calificando la reforma como un riesgo para la estabilidad económica. Sostuvo que la propuesta «no es una simple adecuación de términos, sino una trampa que socava la seguridad jurídica y económica en Tucumán». Alertó sobre la «voracidad fiscal» de la medida, señalando que es «un impuestazo que llega a ser confiscatorio». Para graficar el impacto, dio un ejemplo contundente: «un ciudadano podría pasar de abonar 500.000 pesos a 3 millones de pesos por una misma escritura».
Romano Norri también remarcó las serias consecuencias para el sector de la construcción, que ya enfrenta problemas. Además, pronosticó que la medida incentivará la informalidad: «lo único que va a generar es más uso de boletos de compraventa y menos trámites de escrituración».
El legislador radical insistió en que Tucumán se convierte en una «isla fiscalmente hostil», al contrastar la alícuota provincial del 3% sobre el valor de mercado con la de provincias vecinas: «mientras aquí se cobra el 3%, en Santiago del Estero se aplica el 1% en el impuesto a los Sellos sobre la base tradicional».
Por su lado, la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) se centró en el aspecto técnico-financiero del cambio. Aunque admitió la necesidad de modernizar la norma, subrayó que la corrección va mucho más allá de lo nominal: «lo que estamos haciendo es más que un ajuste técnico, porque lo que se modifica es la base de cálculo». Esta nueva base afecta directamente al impuesto a los Sellos y al Inmobiliario. Elías fue gráfica al prever el efecto en la gente: «Cuando alguien quiera transferir una propiedad y haga la escritura, va a llorar, porque no solo pagará un impuesto a los Sellos enorme, sino que también abonará honorarios muy altos a los escribanos». La esencia de su crítica es que, al mantener la alícuota sin cambios mientras el valor imponible se dispara, se produce el aumento: «si no bajamos la alícuota y elevamos el monto imponible a la estratósfera, lo único que haremos es un impuestazo, y la verdad es que los bolsillos de los tucumanos están cada día más flacos».
José Macome (Compromiso con la Lealtad) apoyó las críticas, indicando que la modificación forma parte de una estrategia de incremento de la recaudación que ya se venía implementando con la creación del OMITUC. Macome afirmó: «la realidad es que desde el Observatorio ya se aumentó la base imponible de los impuestos inmobiliarios y en la sesión pasada también tratamos el aumento de la base para los automóviles». Por ello, se manifestó «totalmente en contra de seguir subiendo las bases imponibles sin tocar las alícuotas», y exigió «alivio fiscal para el contribuyente».
Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) coincidió al señalar que el cambio en la base imponible tiene efectos directos: «modificar el término avalúo fiscal por las cuestiones del valor catastral determinado es un problema que impacta muchas veces más y aumenta el impuesto al sellado al momento de la escritura». Nievas anticipó su voto negativo a «este impuestazo, esta modificación en el Código Tributario».
Desde su bancada, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) vinculó la presión fiscal con la pérdida de competitividad y la inacción estatal para recortar el gasto público. Bussi criticó que «jamás el Estado hizo el esfuerzo, al menos en esta gestión, de achicar el gasto público». Argumentó que las «políticas fiscalistas» están haciendo que Tucumán pierda terreno frente a provincias vecinas: «Hemos perdido posibilidades básicas de ser el eje del Noroeste argentino». Como consecuencia directa de esta presión, sostuvo que «en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, aumentó el número de escrituras en los últimos tiempos. Aquí cada vez se escritura menos, y esto es justamente por la presión impositiva que se ejerce sobre la actividad».
En defensa del proyecto, el legislador oficialista Carlos Gallia aseguró que la intención es «garantizar claridad normativa y alinear el Código Tributario con las herramientas técnicas que ya usa la Dirección General de Catastro», insistiendo en que «no se crea un impuesto nuevo». Sin embargo, la oposición concluyó que la falta de gradualidad en la aplicación de los nuevos valores y la ausencia de exenciones, como las que protegen la vivienda única en otras jurisdicciones, son una «sentencia que condena al mercado inmobiliario tucumano a la parálisis y la marginalidad». Finalmente, el proyecto fue sancionado con el apoyo de la bancada del PJ y el rechazo de la mayoría de la oposición, a excepción del voto favorable de Claudio Viña (Compromiso por Tucumán).