La más reciente presentación judicial de la abogada Patricia Neme, en nombre del dispositivo jurídico de La Bancaria, lejos de fortalecer la posición de la denunciante en la causa Vélez, termina agravando de manera directa su situación judicial. El escrito, con el que se solicita la detención del futbolista José Ignacio Florentín, expone de forma explícita un cuadro que compromete a su propia representada, L. P., al dejar documentado que no actúa con autonomía sino bajo la tutela de terceros que deciden por ella.
La propia Neme lo admite en su presentación cuando describe el estado de su clienta como el de una persona sin control sobre su vida ni sobre el proceso judicial. En un pasaje clave, sostiene que la joven atraviesa un “brote psicótico” y que sufre una “vulnerabilidad psicológica extrema”, argumento con el que intenta responsabilizar a terceros por su estado emocional. Sin embargo, al hacerlo, deja asentado que la denunciante carece de capacidad real de autodeterminación, un dato que resulta letal para la credibilidad de la causa que ella misma impulsa.
Esa contradicción se vuelve aún más grave cuando Neme adjunta al escrito un informe psicológico oficial que concluye, textualmente, que el encuentro sexual denunciado fue “inicialmente consentido” y que la vivencia fue posteriormente “resignificada” por la joven. El informe —producido a requerimiento del Ministerio Público Fiscal— señala:
“Todo esto respondería a la resignificación del hecho denunciado, inicialmente consentido, pero la experiencia provocó en ella sentimientos encontrados (…) que resignificó el hecho como una situación traumática”.
Ese documento estuvo en poder de la querella durante meses. Aun así, la acusación de violación se sostuvo en el plano mediático y judicial sin matices. Al incorporarlo ahora, Neme no solo debilita la acusación contra Florentín: deja expuesta a L. P. a la hipótesis de una denuncia falsa sostenida por terceros, con consecuencias penales directas para ella.
La presentación judicial también incorpora una manifestación firmada por la propia denunciante ante la Fiscalía, en la que reconoce explícitamente que no puede decidir libremente. Allí, L. P. afirma:
“Si por mí fuera ya hubiera encontrado una salida para no seguir sufriendo en este proceso, arreglando con los imputados, pero ni mi padre ni quienes me asisten me lo han permitido”.
La frase, incorporada por la propia Neme como prueba, confirma que las decisiones centrales no las toma la denunciante, sino su entorno jurídico y familiar. Lo que se presenta como defensa termina funcionando como una confesión involuntaria de control y subordinación.
Ese patrón ya tuvo consecuencias concretas. Dos amigas de la denunciante, identificadas como A. I. G. y R. S. M., declararon ante la Fiscalía que actuaron bajo presión y siguiendo indicaciones ajenas a su voluntad. En mensajes que forman parte del expediente, la propia L. P. les escribió:
“Fui prisionera de muchas cosas que no compartía (…) sin poder de decisión y teniendo que cumplir órdenes sin preguntar ni chistar”.
Ambas jóvenes debieron luego modificar sus declaraciones en sede judicial. Ese giro no solo desarmó partes esenciales del relato original, sino que las dejó expuestas a eventuales imputaciones por falso testimonio. Es el antecedente más inmediato y concreto del riesgo que hoy enfrenta la propia denunciante si continúa atrapada en la misma lógica.
Lejos de morigerar ese peligro, la estrategia pública de Carlos Cisneros lo profundiza. En un video difundido en redes sociales, el diputado nacional reveló que L. P. habría preguntado en Fiscalía “si se suicidaba, la causa seguía”, exponiendo públicamente su estado emocional. Esa afirmación, además de no estar acompañada de prueba alguna, coloca a la denunciante en una situación de extrema fragilidad procesal, al instalarla como una persona psicológicamente inestable en pleno trámite judicial.
La presentación de Neme insiste en responsabilizar a la prensa y a la Fiscalía por el estado de la joven, pero omite un dato central que ella misma documenta: L. P. trabaja dentro de la órbita de poder de La Bancaria, al igual que otras personas de su entorno. Esa dependencia laboral —sumada al control del proceso y de los testimonios— configura un escenario que la legislación vigente reconoce como violencia económica y patrimonial, una forma de coacción que anula la libertad de decisión.
Así, lo que comenzó como una denuncia de alto impacto mediático se transforma en una trampa judicial para la propia denunciante. Cada escrito sobreactuado, cada presentación grandilocuente, la acerca al mismo destino que ya alcanzó a sus amigas: quedar sola frente a la Justicia, con la carga penal de una causa que otros diseñaron, administraron y explotaron mediáticamente.
La pregunta que queda planteada no es retórica: ¿quién cuida realmente a la denunciante? Porque la evidencia acumulada en el expediente —incluida la aportada por su propia abogada— sugiere que el dispositivo que dice defenderla no la conduce hacia una salida jurídica segura, sino hacia un escenario donde el costo final lo paga ella. Y en los tribunales, a diferencia de los medios, las citas quedan, los papeles pesan y el show no absuelve.