La solicitud de legisladores opositores para que el Ejecutivo provincial ponga en vigencia la Ley N° 9.810, que prohíbe la tracción a sangre animal en el territorio tucumano, generó una fuerte preocupación entre los trabajadores carreros. La Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (Faccyr) emitió un comunicado desde su sede local alertando que esta actividad constituye el único medio de vida para cientos de hogares y exigió que, de avanzarse con la norma, se garantice una transición progresiva que evite la criminalización y el aumento de la pobreza.
La entidad expresó su conformidad con la idea de migrar hacia métodos de trabajo que no involucren animales, pero se opuso rotundamente a que la reglamentación se convierta en un mecanismo de castigo para quienes dependen de esta labor. En este marco, enfatizaron que es imprescindible primero otorgar un reconocimiento formal a los trabajadores de la economía popular, a quienes describieron como pilares fundamentales del mercado interno provincial.
Desde la Faccyr aclararon que no piden privilegios, sino políticas de Estado concretas que incluyan reconocimiento laboral, acceso a empleo alternativo, capacitación y soluciones reales. Alertaron que medidas como el secuestro de carros, la imposición de multas o la persecución sin ofrecer opciones viables, solo conseguirían sumir en la indigencia a más familias. “Detrás de cada carro hay una historia de esfuerzo y supervivencia. Nadie está en esta situación por elección”, afirmaron, remarcando que la erradicación de la tracción a sangre debe ser un proceso, no una imposición abrupta.
El debate se reavivó tras la presentación en la Legislatura de un proyecto de resolución por parte de los diputados José Cano, Silvia Elías de Pérez y Alfredo “Freddy” Toscano, mediante el cual se insta al Poder Ejecutivo a reglamentar la ley sancionada en abril de 2024. La normativa establece un plazo de un año para implementar programas de capacitación que faciliten el tránsito hacia prácticas no violentas.
Al exponer los fundamentos de la iniciativa, Cano criticó la demora en la reglamentación, argumentando que esta omisión constituye un «doble veto» que viola principios constitucionales e ignora la voluntad del cuerpo legislativo. Asimismo, señaló que en la provincia son frecuentes los casos de animales fallecidos en la vía pública, situación que atribuyó al maltrato y a la falta de políticas públicas eficaces.
Úrsula López, referente de la Faccyr en Tucumán, admitió que existen episodios de crueldad hacia los animales, pero aclaró que no son representativos de la mayoría del sector. Sostuvo que muchos carreros tratan a sus animales como parte de la familia y subrayó que el carro es su única herramienta de trabajo. En este contexto, denunció que ya hay trabajadores que temen salir a recolectar por miedo a ser reprimidos, lo que les impone serias dificultades para llevar alimento a sus casas.
López calculó que solo en la capital tucumana podría haber cerca de 250 carreros, aunque reconoció no tener un número exacto a nivel provincial. Recordó, además, que durante el debate parlamentario del año pasado, el legislador Hugo Ledesma, promotor de la ley, había estimado la existencia de unos 1.500 carros con tracción animal en toda la provincia.
La dirigente también comentó que mantuvieron reuniones con autoridades provinciales para explorar alternativas que permitan prescindir de los animales sin dejar a la gente sin ingresos. No obstante, cuestionó la viabilidad de algunas propuestas. “¿De qué sirve entregar un motocarro a una persona que no sabe leer si después no puede obtener la licencia de conducir?”, se preguntó. Mencionó que en una planta de reciclado cuentan con algunas tricicletas para los recolectores, aunque admitió que dos de ellas fueron sustraídas.
Finalmente, la organización no descartó intensificar las medidas de protesta si se avanza con la reglamentación sin un plan integral para el sector. El proyecto de resolución que reflotó la polémica fue derivado a la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, donde su tratamiento se dará en un clima de creciente tensión social.