El Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán emitió esta semana una de las resoluciones más severas de los últimos tiempos en materia de control de fondos públicos en comunas rurales. Dos exfuncionarios de la comuna de El Manantial fueron condenados a restituir de su patrimonio personal una suma que supera los 142 millones de pesos. Los sancionados son el exdelegado comunal y actual subsecretario de Comercio Interior, Juan Carlos Bernard, y el entonces secretario habilitado, Raúl Dante Rivarola.
El organismo de control precisó que, luego de analizar las revisiones y la documentación aportada por los implicados, el monto definitivo por la omisión en la rendición de cuentas correspondiente al sexto bimestre del año 2020 alcanza la cifra de $142.337.233,11, calculada según la Tasa Activa del Banco Nación.
La determinación se encuentra detallada en el Acuerdo N° 5529, al cual este medio accedió. En dicha resolución, el Tribunal admitió parcialmente un Recurso Ordinario de Revisión interpuesto por Bernard y Rivarola, limitándose a una reformulación del importe económico. No obstante, la responsabilidad patrimonial de ambos quedó firme, obligándolos a reintegrar la multimillonaria suma a las arcas del Estado.
El Tribunal recordó que el caso se originó por la «falta de regularización de los fondos pendientes de rendir» del mencionado período, una situación que ya había sido objeto del Acuerdo Nº 1035 de abril de 2024. En aquella oportunidad, se había establecido un cargo fiscal preliminar por 151,1 millones de pesos.
Tras un análisis complementario dispuesto en el corriente año, el Departamento de Rendición de Cuentas indicó que, con base en la nueva documentación presentada, se podrían regularizar varios ítems por un valor de aproximadamente $8,9 millones, dejando un saldo sin actualizar de $35,1 millones. Este último monto, tras la aplicación de los intereses previstos en la normativa, derivó en la cifra final que supera los 142 millones de pesos.
En el acuerdo, fechado el 3 de diciembre de 2025, el Tribunal destacó que los nuevos elementos de prueba presentados por los exfuncionarios permiten una revisión parcial, al encuadrarse en lo establecido por la Ley de Administración Financiera. «Existen nuevos elementos probatorios que justifican los hechos condenados», sintetiza el fallo, que está rubricado por el presidente del organismo, Miguel Chaiben Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.
La postura del órgano contralor fue terminante respecto a la obligación de pago. En su artículo tercero, el acuerdo dispone: «Reformular el Cargo Fiscal en la suma de $142.337.233,11, monto que deberá ser actualizado hasta el momento de su efectivo pago».
Asimismo, se ordenó dar nueva intervención al Departamento Judicial para que el abogado fiscal designado, Gustavo Enriquez, «perciba o, en su caso, ejecute el Cargo Fiscal impuesto».
Con esta decisión, el Tribunal de Cuentas pone fin a un extenso expediente iniciado en 2022 y consolida una sanción millonaria que deberá ser afrontada con el patrimonio personal de los dos exfuncionarios involucrados.
